La afección de las renovables al sector primario es uno de los motivos de oposición de las asociaciones ecologistas, que se quejan de la falta de apoyo de las asociaciones agrícolas.

Sagunto, Valle de Ayora, la Costera, el Comptat, la Serranía, la Plana Alta, la Hoya de Alcoy… Diferentes demandas se están presentando ante los tribunales por asociaciones ecologistas, o locales defensoras del territorio, en las que además de defender el medio ambiente, también están buscando defender la actividad del sector primario.

En Acció Ecologista – Agró hemos presentado recurso frente a las dos declaraciones de interés prioritario energético:  la del Valle de Ayora, de un lado, y de la planta fotovoltaica que afectaría a la Gigafactoría de Sagunto, de otro. En ambos casos, existe una afección a la agricultura, al sector primario y a la economía de las comarcas afectadas.

En el caso del Valle de Ayora, la declaración de prioridad energética, interpretada literalmente, supone que todo el suelo no urbanizable común de estas localidades podrían estar cubiertas de placas solares.  Es un caso extremo y altamente improbable, pero a día de hoy, ya existen proyectos que ocuparían más de 2000 hectáreas que sustituirían fundamentalmente la producción agrícola. Además de las empresas y la Generalitat, los Ayuntamientos de Ayora, Zarra y Jarafuel, también defienden la declaración de prioridad energética.  Calculamos que estas plantas crearán 20 empleos, pero restarán 40.  

En Sagunto, la planta fotovoltaica de la Gigafactoría de Volkswagen con una superficie proyectada de unas 270 hectáreas en la partida de Montíber, distribuidas en 431 parcelas, afectaría a casi 300 agricultores. A pesar de existir cerca de 564 hectáreas libres de afecciones medioambientales y al sector agrícola, en ubicaciones sobre edificios de uso industrial, comercial y aparcamientos, entre otras, que permitirían producir el doble de megavatios de potencia propuestos por PowerCo sobre estas tierras de muy alto valor ecológico, tal como señala el estudio de alternativas elaborado por la Plataforma en Defensa del Territorio del Camp de Morvedre, de la cual forma parte AE-Agró. 

Asociaciones medioambientales recurrimos ante los tribunales grandes plantas de renovables que afectan negativamente a la agricultura.  Así lo hace ANAV (Asociación de Naturalistas de Ayora y la Valle), que está recurriendo también los diferentes proyectos que se están desarrollando en el Valle, tanto ante el TSJ de la Comunidad Valenciana, en el caso de proyectos de competencia autonómica, como ante el TSJ de la Comunidad de Madrid, en el caso de los proyectos de competencia estatal.  Actividad titánica de esta asociación comarcal, sin respaldo institucional. También han presentado una denuncia ante fiscalía y una petición al Parlamento Europeo.

Acció Ecologista – Agró y Montesa Territori Viu, por su parte, también hemos recurrido la línea de alta tensión Almansa – Montesa y la modificación de la subestación de Montesa. La línea de alta tensión afecta a la actividad agrícola tanto en sus tramos soterrados (más de 200 parcelas minifundistas), como aéreos (otras 200). La Costera y el Valle de Montesa ya soportan una importante carga de infraestructuras que han devaluado la actividad agrícola y ganadera.

En la Serranía, en Villar del Arzobispo han denunciado ante fiscalía las irregularidades en la tramitación de las plantas. La propia Fiscalía de Medio Ambiente del Estado advierte graves irregularidades en los expedientes presentados. La Plataforma vecinal “Pueblo Vivo” advierte de afecciones gravísimas a la agricultura local debidas a la implantación de la mayoría de las 16 plantas (de 50MW) previstas en áreas de regadío, cuando no se instala ni un metro de estas macroplantas en las abundantes canteras colmadas del lugar.

Las pérdidas son cuantiosas: las Comunidades de Regantes pueden perder (caso de la CR de La Hoya) hasta un 35% de la superficie, que no solo redunda en la pérdida de parte de las inversiones iniciales de 6 millones de euros (3 de inversiones + 3 ayudas europeas), sino en la producción de la Cooperativa Agrícola que pierde un 20% de su facturación y, por ende, a 7 de sus 40 trabajadores. La asociación “defiende tu pueblo”, ha denunciado ante fiscalía diferentes plantas que se ubican en la Serranía y Camp de Turia.

En Castellón, ARBA Alto Palancia ha presentado 2 denuncias a fiscalía: PSF Espadán y Espadán II en Soneja y Segorbe Sol en Segorbe. Esta asociación está ya dando los pasos para recurrir en vía contencioso – administrativa estas plantas.   

En les Coves de Vinromà, la asociación la Nostra Terra, junto con el Ayuntamiento y un particular, recurrió el procedimiento para autorizar la planta “MAGDA”. Esta planta que inicialmente afectaba a 472 hectáreas, de tierras en plena producción, finalmente no se autorizó y el procedimiento no continuó.   

En Alicante, la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat presentó dos denuncias a fiscalía por dos plantas (PFV Alcoi y PFV Benifallim).  

También en Alicante, en concreto, en Castalla, una asociación local ha recurrido la FV CASTALLA ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Las mentiras del sector renovable.

Las asociaciones ecologistas nos quejamos de las mentiras del sector renovable para aminorar las dudas de las poblaciones. Generalmente prometen muchos puestos de trabajo, que posteriormente, no se cumplen. En Almansa prometieron 50 puestos de trabajo, obtuvieron una importante rebaja fiscal y se quedaron en 2 trabajadores y los dos que cubren las vacaciones. Los cálculos de plantas fotovoltaicas en funcionamiento apuntan a un puesto de trabajo por cada 100 hectáreas. Puestos de trabajo de baja cualificación y salario.  

Muchos trabajos se externalizan por empresas de otras localidades. Por el contrario, la agricultura genera más empleo y de más calidad, normalmente autónomos. Con los datos de la Generalitat Valenciana, el Cereal secano y girasol generan un puesto de trabajo por cada 68 hectáreas, el olivo precisa de 11,5 hectáreas, la vid de 3 a 6 hectáreas, o el almendro 10 hectáreas. En el regadío las superficies para generar un puesto de trabajo, son muy inferiores.

Otra mentira es que las renovables no suponen merma a la agricultura.   Generalmente hacen estas cuentas con datos desfasados. Actualmente, el PNIEC en tramitación juega con los datos de plantas ya autorizadas, pero hay camino por delante. Un experto en transición energética, Pedro Fresco, declaró, que la transición energética podría necesitar 250.000 MW de solar fotovoltaica en España.    

Esta potencia, en superficie, supone la ocupación de 450.000 hectáreas, o 4500 km2, que es la superficie que ocupa la provincia de Pontevedra, y más grande que las dos provincias insulares canarias por separado, o cualquier provincia de las que forman Euskadi.

Los ataques de los influencers.

Por otro lado, estas mismas asociaciones ecologistas se quejan de los ataques de ciertos influencers del sector primario, y políticos, que culpan a los ecologistas de esta situación, a pesar de que son los que realmente están defendiendo al sector primario. De hecho, los decretos que favorecen la implantación de las renovables a costa de la agricultura se están aprobando con los votos favorables de los principales partidos, incluidos aquellos que, como VOX, critican a las renovables, pero votan a favor de los decretos que los favorecen.   Tampoco observan una oposición de las organizaciones del sector primario a estas renovables. En los tribunales no los vemos, apuntan. Aunque en las plataformas y colectivos locales se pueden encontrar agricultores afectados por las plantas, y alguna cooperativa agrícola, como la de Viver.

Algunos agricultores están padeciendo esta situación. En el Valle de Ayora, una explotación vitivinícola se enfrenta a perder rentabilidad debido a  la reducción de su superficie por expropiaciones. Se quejan de la falta de participación, de las tácticas de presión de las empresas y de la falta de apoyo de los Ayuntamientos.   Observan una falta de empatía. Acció Ecologista – Agró se queja que el TSJ ha negado en un procedimiento la posibilidad de expresarse a los propietarios agrícolas afectados. En el procedimiento están representados las empresas favorecidas, pero no se permite testificar a los agricultores afectados.