Trabajé un tiempo en la administración local y entre compañeros nos comentábamos las certezas, los rumores y los comentarios que sobre la corrupción discurrían por la provincia. Desde luego que existían, y existen, en todos los ámbitos de la Administración.

En muchos sitios se mete la pata, y en muchos también, se mete la mano.

Las prácticas irregulares dentro de la Administración Local, son difícilmente localizables, en tanto no dejan un rastro controlable. El único testimonio es el de los protagonistas, que quedan unidos como socios, tanto en el negocio, como en la responsabilidad. Por ello, muchas veces, estas actuaciones irregulares son impunes ante la Justicia.

En determinados casos la forma de proceder es sencilla, y es sencilla porque la Ley deja la puerta abierta a realizar actuaciones incorrectas.   Por ello, es muy fácil dificultar una buena parte de estas actuaciones.

Conocer la forma en que alguien puede conseguir rentabilidad al cargo público nos facilita la labor de reconocerlo y, en la medida de los posible, de dificultarlo o impedirlo. Para ello he plasmado experiencias que me han narrado algunos compañeros, familiares y amigos, y he seleccionado los que son de primera o segunda mano, donde se puede asegurar cierta verosimilitud.

Muestro únicamente el hecho, evitando dejar entrever lugares y personas.

LA CONTRATACIÓN.

La contratación administrativa es el sector donde el Secretario debe poner el mayor énfasis fiscalizador. El contrato menor y el contrato negociado otorgan un margen excesivamente amplio de actuación, por eso, más allá de las cantidades que lo permiten, no se debe tolerar el menor incumplimiento. De cara al futuro, se deberían modificar las normas para reducir al mínimo los ámbitos de arbitrariedad.

Con carácter general, en el sector privado, todo precio lleva incluido unos costes y un margen comercial. Vender algo tiene un coste, y puede ser grande o pequeño (viajes para convencer al cliente, material promocional, asesoramiento, descuentos para facilitar la operación, y.., comisiones para premiar a quien facilita el negocio). En el sector privado es normal y legítimo que alguien que ponga en contacto a dos personas que concluyen un acuerdo, pueda tener una remuneración, y está dentro de la figura jurídica del contrato de agencia, cuyo exponente más conocido es el del Agente de la Propiedad Inmobiliaria.

Sin embargo no es legítimo que quien deba perseguir la oferta más interesante para una persona jurídica, convierta lo que debe ser un descuento, en una comisión, u opte por una oferta menos ventajosa, por la única razón del beneficio particular. Los márgenes comerciales son variados y pueden llegar al 30% del coste total. Si una operación no se negocia, quien vende se está ahorrando un dinero, o quizá, alguien se está quedando con una cantidad a costa del Ayuntamiento.

Hay numerosos casos de este tipo, y cuando se llegan a conocer es por el testimonio de quien se ha visto obligado a pagar para contratar. Ya que no lo puede denunciar, pues comparte el delito con el comisionado, sí puede difundirlo de manera comedida.

Un compañero me comentó que un día se encontró con que su Alcalde le plantea un pleno extraordinario para la adjudicación de un contrato de obras. Sólo había una oferta, por 20.000.000 de las antiguas pesetas (los números redondos ya son sospechosos), y claro, había que adjudicarlo con mucha, mucha urgencia. Con el informe negativo se aprobó la contratación. Posteriormente un vecino le dijo que uno de los técnicos de la empresa, le había confesado que el precio de la obra era 19 + 1 (el millón – un 5% de la operación- se lo quedaba el Alcalde).

En otro caso, el Secretario, recién llegado observó que se estaban cambiando todas las luminarias de la población. Un día oyó como el instalador (ex – concejal del partido gobernante, de toda la vida) convencía al Alcalde diciéndole, “hace falta cambiarlas todas”. Las elecciones las perdió el equipo gobernante, y seguidamente llegó la factura por unos 90.000 euros, que se pagaron con informe negativo del secretario por falta de procedimiento de contratación, el día antes del cambio de corporación. Como ese contrato no se negoció el descuento, podéis hacer un simple cálculo. Un 10%, que es una comisión moderada, son 9.000 euros.

Un conocido que se dedica al arte, y tiene habilidad para esculpir, me comentó que le habían ofrecido hacer tres estatuas para una plaza de una localidad a 6.000.000 de pesetas cada una, si le daba una comisión al Concejal de Cultura del 10%. (en total 1.800.000 pesetas). Aquello no fraguó pero posteriormente, pude oír por la radio al concejal, hablar de las maravillas de sus estatuas, que se habían encargado al único artista local capaz de hacerlas…

A pequeña escala, también se dan casos, y que también pueden llegar a ser dolientes. Es fácil valorar un coche de primera o segunda mano, o un inmueble, pues es un mercado ágil y poco opaco, donde los precios se conocen fácilmente. También es fácil valorar artículos con precio de venta al público. Pero el precio de un profesional liberal, en donde influye bastante la experiencia, no. Tampoco es fácil valorar el precio de una obra, cuando ya se ha realizado. No se saben las horas que ha precisado de obra, si se ha metido arena u hormigón de una calidad o de otra, la pericia del albañil tiene también un precio.., y es relativamente fácil sortear las prevenciones legales.

Por ello, algún albañil me ha comentado que a veces los alcaldes le preguntan “¿Y para mí que queda?”. Otro me dijo que un Alcalde le dijo que si le hacía un descuento de 24.000 euros en una vivienda que vendía, no le faltarían las obras.

Los responsables de compras de los Ayuntamientos, disponen de muchas oportunidades. En un Ayuntamiento, el arquitecto, y algunos concejales estaban molestos con algunos precios de un proveedor del Ayuntamiento, con el que parecía tener buena relación el jefe de compras. A través de un amigo pidieron presupuesto para material, en cuantía idéntica a la de una factura llegada recientemente. El presupuesto a alguien a quien no conocían de nada, y con mayor coste de transporte, era un 15% más barato.

Otro momento en el que se da la situación es en la ejecución del contrato. Uno de los problemas de la contratación son las bajas temerarias, cuando una empresa oferta por un precio que no es posible cumplir. Posteriormente, durante la ejecución, pone sobre la mesa la existencia de aspectos no tenidos en cuenta, para rehacer el contrato, y subir el precio. Aparte de las relaciones «fraternales» que suelen existir entre los técnicos de la empresa y los de la Administración que debe controlar, es un fraude al resto de licitadores, que han realizado su trabajo correctamente. Todo el que haya trabajado en contratos, habrá observado estas situaciones.

EL URBANISMO Y LOS TÉCNICOS.

Otro sector sensible es el urbanismo, por las enormes plusvalías que puede generar, y por la importancia de la vivienda. El incumplimiento del régimen de incompatibilidades, o del deber de abstención, y el tráfico de influencias son problemas que se pueden presentar.

Si bien entre los técnicos hay unos estupendos profesionales, honrados y con muy buen criterio, también hay un porcentaje de técnicos sin ningún tipo de moral, que firman proyectos y a la vez los informan.

Me comentaron el caso de un arquitecto técnico que tuvo problemas con la justicia, y el Secretario me dijo que tuvo que certificar ciertos datos, y comprobó que llegó a firmar el 90% de los proyectos de obra mayor del municipio (A pesar de no tener la titulación). Tras firmarlos los informaba, sin ningún tipo de rubor. Quien no lo hacía con él, tenía abierta la vía contencioso administrativa, para recurrir una casi segura denegación. Según me dijo este compañero, un vecino le dijo que, en su momento, le preguntó al técnico: “¿Y cuántas plantas me puede construir?”, y éste le contestó: “Bueno, en principio…, tres”.

En otro caso, un conocido, se hizo una construcción bajo cubierta, que a pesar de estar prohibida, tuvo las bendiciones del Ayuntamiento. Para ello contrató como aparejador al que era asesor del Ayuntamiento, quien según me narró, tan sólo se pasó por la obra una vez: para cobrar…

En otros casos, disimulan un poco más, y usan otros profesionales que son los que firman los proyectos. Tengo un conocido que es Arquitecto, y opera en una importante capital. Le llegó un proyecto, para la construcción de unas viviendas en una conocida ciudad dormitorio de alto nivel. Sólo tenía una pega de las de no difícil solución. Sin embargo, el técnico les dijo a los promotores: “Este problema, sólo lo puede solucionar un estudio que yo conozco” (El de sus socios).

Posteriormente, este conocido mío tuvo que rehacer el proyecto, pues todos los cálculos de cotas y de estructura realizados por ese técnico estaban mal. Este técnico municipal tenía reconocida la compatibilidad y comparte su profesión con otros dos arquitectos municipales de localidades cercanas, y se reparten los proyectos de sus municipios. En su momento me dijeron que el Tribunal de Cuentas les llamó la atención, porque la compatibilidad se había otorgado incorrectamente.

En otro caso, un técnico me dijo de los problemas de una conocida cadena de grandes superficies, que quería poner uno de sus centros en una importante localidad de una importante provincia. Esta población necesitaba, por motivos electorales, urbanísticos y sociales el centro comercial, y dio todo tipo de facilidades, y ante ello, el encargado de la empresa se sorprendía e inquietaba por ser el primer ayuntamiento donde no tenía que asegurar la voluntad de nadie con un soborno.

EL RÉGIMEN DE AUTORIZACIONES

A veces la viabilidad de un negocio, depende de una autorización, o de varias. De ello puede depender que tarde poco o mucho, o que tarden años. Algo parecido hemos tratado hace un momento en relación al urbanismo.

En la línea de narrar anécdotas reales, un compañero, me comentaba los desvelos de su Alcalde porque una importante empresa energética que pensaba instalar un parque eólico en su término municipal, pusiese uno de esos molinos en su terreno. Si alguien no lo sabe, que te pongan un molino en tu terreno es una alegría económicamente hablando. En este caso, al alcalde le pusieron un molino en su terreno.

Otro compañero me contó el caso de la instalación de una antena de telefonía móvil. En los primeros años, quien primero instalaba una antena, conseguía una importante cuota de mercado en esa localidad. Los lugares elegidos, suelen ser zonas altas, cercanas al pueblo, y que no era extraño que estéticamente fueran contraproducentes, junto a ermitas, rompiendo la línea visual de la localidad. Este compañero, oyó al propietario de los terrenos, que la empresa instaladora pagó 12.000 euros. 6.000 a él, como propietario y 6.000 al Ayuntamiento… Aquí el problema es que el Ayuntamiento nunca ingresó 6.000 €.

EL CONTROL Y LA INSPECCIÓN

Una vez se ha autorizado algo, hay que comprobar que funciona tal y como se ha autorizado y como piden las leyes. A la administración, en principio, la inspección le viene grande. Es una labor poco reconocida y poco comprendida por la población, por lo que no es raro, que no exista quien esté encargado de desarrollarla. Pero existiendo, el funcionario o la autoridad pueden pedir o se les puede ofrecer un precio por ese silencio.

A veces estos expedientes sancionadores se inician y nunca se terminan.

Ese control también se debe extender al funcionamiento de los servicios que realizan las empresas. Se oferta desarrollar un servicio con unas características determinadas, a cambio de una determinada cantidad, y al final el servicio se realiza con unas características muy inferiores, que nadie controla.

¿Y EL PERSONAL DE LOS AYUNTAMIENTOS?

También de los funcionarios se conocen casos. Hubo un Secretario, que ya no lo es, que domicilió la participación en los tributos del Estado, en su cuenta particular… Hubo otro caso, de otro funcionario, que también dejó de serlo, que realizaba las liquidaciones de las plusvalías, y daba como número de cuenta, el suyo particular.

En otro caso, a un secretario, un vecino le pidió con urgencia un certificado. Cuando se lo entregó, sacó la cartera e hizo amago de ir a pagar con varios billetes. El Secretario le preguntó: “¿Oiga, pero vd. Qué hace?”, y el vecino le contestó: “El anterior secretario decía que para ir rápido, hacía falta pagar.”

CÓMO ACABA LA CORRUPCIÓN.

En muchos casos de los que he contado ha habido impunidad jurídica, política y personal.

Pero hay casos que no. Cuando un político inicia esta línea, tarde o temprano el rumor se extiende entre sus electores, quien tiene siempre la opción de dejar de votar. Otras veces, desde el mismo partido se pone orden (nada de tribunales claro): Se le dedica una calle al Alcalde, y se le aparta de la política.

EN QUÉ SE PUEDE MEJORAR.

MEDIOS DE CONTROL:

Quizá para concluir, debo realizar una valoración muy negativa de esta situación y de nuestra clase política, donde el Secretario que sea profesional y haga cumplir la ley, puede ser perseguido por sus concejales, tener que dejar su puesto de trabajo, mientras Administración Autonómica, o Estatal y partidos políticos miran para otro lado, porque ciertas actuaciones no son buenas o malas, per se, sino que sólo son buenas o malas si se conocen.

A veces es un contrasentido que la clase política apruebe leyes y reglamentos y la responsabilidad de cumplirla quede, casi exclusivamente, en manos del funcionario, quien debe pelear el cumplimiento de las normas, con la misma clase política, esta vez a nivel local.

Para quitar márgenes a la corrupción, la independencia del Secretario y del interventor debe estar garantizada, y los mecanismos de protección deben de estar previstos claramente en la legislación, y ser ágiles y automáticos. Esto hoy en día no pasa. Ante las presiones de una Corporación, el Secretario sólo cuenta con el art. 63 de la ley de Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, que es una declaración de intenciones sin ningún desarrollo reglamentario. En el caso de nosotros, los interinos, nos han restado una parte importante de independencia, al regular el nombramiento provisional de manera tan generosa, pudiendo conseguir el cese de un interino, consiguiendo el nombramiento de un funcionario de carrera.

Por otro lado los mecanismos de control externos deben ser también ágiles y eficaces. Difícilmente podemos convencer a nuestras autoridades de que debe hacer la contratación correctamente, cuando el Tribunal de Cuentas inspecciona con varios años de retraso los expedientes.   Como autónomo he tenido que atender periódicamente a la inspección de tributos.   Como funcionario, no conocí a nadie que hubiera recibido a un inspector del Tribunal de Cuentas.

Deben desarrollarse y realizarse controles, no sólo de legalidad, sino de eficacia y de cumplimiento de normas.

NORMAS

Las normas deben de ser completas para cumplir su finalidad. Hay normas conscientemente mal realizadas, con vías de escape para contratar a la empresa que se quiera, o para dar un informe en un sentido o en otro. No hay normas que obliguen a inspeccionar y a sancionar. Las normas de inspección y sanción deben ser generales, donde no quepan excepciones.

Los márgenes de los procedimientos negociados sin publicidad, y de los contratos menores, a fecha actual, son escandalosos.   Dejan la puerta abierta a corruptelas sencillas.