Administración local y corrupción


Trabajé un tiempo en la administración local y entre compañeros nos comentábamos las certezas, los rumores y los comentarios que sobre la corrupción discurrían por la provincia. Desde luego que existían, y existen, en todos los ámbitos de la Administración.

En muchos sitios se mete la pata, y en muchos también, se mete la mano.

Las prácticas irregulares dentro de la Administración Local, son difícilmente localizables, en tanto no dejan un rastro controlable. El único testimonio es el de los protagonistas, que quedan unidos como socios, tanto en el negocio, como en la responsabilidad. Por ello, muchas veces, estas actuaciones irregulares son impunes ante la Justicia.

En determinados casos la forma de proceder es sencilla, y es sencilla porque la Ley deja la puerta abierta a realizar actuaciones incorrectas.   Por ello, es muy fácil dificultar una buena parte de estas actuaciones.

Conocer la forma en que alguien puede conseguir rentabilidad al cargo público nos facilita la labor de reconocerlo y, en la medida de los posible, de dificultarlo o impedirlo. Para ello he plasmado experiencias que me han narrado algunos compañeros, familiares y amigos, y he seleccionado los que son de primera o segunda mano, donde se puede asegurar cierta verosimilitud.

Muestro únicamente el hecho, evitando dejar entrever lugares y personas.

LA CONTRATACIÓN.

La contratación administrativa es el sector donde el Secretario debe poner el mayor énfasis fiscalizador. El contrato menor y el contrato negociado otorgan un margen excesivamente amplio de actuación, por eso, más allá de las cantidades que lo permiten, no se debe tolerar el menor incumplimiento. De cara al futuro, se deberían modificar las normas para reducir al mínimo los ámbitos de arbitrariedad.

Con carácter general, en el sector privado, todo precio lleva incluido unos costes y un margen comercial. Vender algo tiene un coste, y puede ser grande o pequeño (viajes para convencer al cliente, material promocional, asesoramiento, descuentos para facilitar la operación, y.., comisiones para premiar a quien facilita el negocio). En el sector privado es normal y legítimo que alguien que ponga en contacto a dos personas que concluyen un acuerdo, pueda tener una remuneración, y está dentro de la figura jurídica del contrato de agencia, cuyo exponente más conocido es el del Agente de la Propiedad Inmobiliaria.

Sin embargo no es legítimo que quien deba perseguir la oferta más interesante para una persona jurídica, convierta lo que debe ser un descuento, en una comisión, u opte por una oferta menos ventajosa, por la única razón del beneficio particular. Los márgenes comerciales son variados y pueden llegar al 30% del coste total. Si una operación no se negocia, quien vende se está ahorrando un dinero, o quizá, alguien se está quedando con una cantidad a costa del Ayuntamiento.

Hay numerosos casos de este tipo, y cuando se llegan a conocer es por el testimonio de quien se ha visto obligado a pagar para contratar. Ya que no lo puede denunciar, pues comparte el delito con el comisionado, sí puede difundirlo de manera comedida.

Un compañero me comentó que un día se encontró con que su Alcalde le plantea un pleno extraordinario para la adjudicación de un contrato de obras. Sólo había una oferta, por 20.000.000 de las antiguas pesetas (los números redondos ya son sospechosos), y claro, había que adjudicarlo con mucha, mucha urgencia. Con el informe negativo se aprobó la contratación. Posteriormente un vecino le dijo que uno de los técnicos de la empresa, le había confesado que el precio de la obra era 19 + 1 (el millón – un 5% de la operación- se lo quedaba el Alcalde).

En otro caso, el Secretario, recién llegado observó que se estaban cambiando todas las luminarias de la población. Un día oyó como el instalador (ex – concejal del partido gobernante, de toda la vida) convencía al Alcalde diciéndole, “hace falta cambiarlas todas”. Las elecciones las perdió el equipo gobernante, y seguidamente llegó la factura por unos 90.000 euros, que se pagaron con informe negativo del secretario por falta de procedimiento de contratación, el día antes del cambio de corporación. Como ese contrato no se negoció el descuento, podéis hacer un simple cálculo. Un 10%, que es una comisión moderada, son 9.000 euros.

Un conocido que se dedica al arte, y tiene habilidad para esculpir, me comentó que le habían ofrecido hacer tres estatuas para una plaza de una localidad a 6.000.000 de pesetas cada una, si le daba una comisión al Concejal de Cultura del 10%. (en total 1.800.000 pesetas). Aquello no fraguó pero posteriormente, pude oír por la radio al concejal, hablar de las maravillas de sus estatuas, que se habían encargado al único artista local capaz de hacerlas…

A pequeña escala, también se dan casos, y que también pueden llegar a ser dolientes. Es fácil valorar un coche de primera o segunda mano, o un inmueble, pues es un mercado ágil y poco opaco, donde los precios se conocen fácilmente. También es fácil valorar artículos con precio de venta al público. Pero el precio de un profesional liberal, en donde influye bastante la experiencia, no. Tampoco es fácil valorar el precio de una obra, cuando ya se ha realizado. No se saben las horas que ha precisado de obra, si se ha metido arena u hormigón de una calidad o de otra, la pericia del albañil tiene también un precio.., y es relativamente fácil sortear las prevenciones legales.

Por ello, algún albañil me ha comentado que a veces los alcaldes le preguntan “¿Y para mí que queda?”. Otro me dijo que un Alcalde le dijo que si le hacía un descuento de 24.000 euros en una vivienda que vendía, no le faltarían las obras.

Los responsables de compras de los Ayuntamientos, disponen de muchas oportunidades. En un Ayuntamiento, el arquitecto, y algunos concejales estaban molestos con algunos precios de un proveedor del Ayuntamiento, con el que parecía tener buena relación el jefe de compras. A través de un amigo pidieron presupuesto para material, en cuantía idéntica a la de una factura llegada recientemente. El presupuesto a alguien a quien no conocían de nada, y con mayor coste de transporte, era un 15% más barato.

Otro momento en el que se da la situación es en la ejecución del contrato. Uno de los problemas de la contratación son las bajas temerarias, cuando una empresa oferta por un precio que no es posible cumplir. Posteriormente, durante la ejecución, pone sobre la mesa la existencia de aspectos no tenidos en cuenta, para rehacer el contrato, y subir el precio. Aparte de las relaciones “fraternales” que suelen existir entre los técnicos de la empresa y los de la Administración que debe controlar, es un fraude al resto de licitadores, que han realizado su trabajo correctamente. Todo el que haya trabajado en contratos, habrá observado estas situaciones.

EL URBANISMO Y LOS TÉCNICOS.

Otro sector sensible es el urbanismo, por las enormes plusvalías que puede generar, y por la importancia de la vivienda. El incumplimiento del régimen de incompatibilidades, o del deber de abstención, y el tráfico de influencias son problemas que se pueden presentar.

Si bien entre los técnicos hay unos estupendos profesionales, honrados y con muy buen criterio, también hay un porcentaje de técnicos sin ningún tipo de moral, que firman proyectos y a la vez los informan.

Me comentaron el caso de un arquitecto técnico que tuvo problemas con la justicia, y el Secretario me dijo que tuvo que certificar ciertos datos, y comprobó que llegó a firmar el 90% de los proyectos de obra mayor del municipio (A pesar de no tener la titulación). Tras firmarlos los informaba, sin ningún tipo de rubor. Quien no lo hacía con él, tenía abierta la vía contencioso administrativa, para recurrir una casi segura denegación. Según me dijo este compañero, un vecino le dijo que, en su momento, le preguntó al técnico: “¿Y cuántas plantas me puede construir?”, y éste le contestó: “Bueno, en principio…, tres”.

En otro caso, un conocido, se hizo una construcción bajo cubierta, que a pesar de estar prohibida, tuvo las bendiciones del Ayuntamiento. Para ello contrató como aparejador al que era asesor del Ayuntamiento, quien según me narró, tan sólo se pasó por la obra una vez: para cobrar…

En otros casos, disimulan un poco más, y usan otros profesionales que son los que firman los proyectos. Tengo un conocido que es Arquitecto, y opera en una importante capital. Le llegó un proyecto, para la construcción de unas viviendas en una conocida ciudad dormitorio de alto nivel. Sólo tenía una pega de las de no difícil solución. Sin embargo, el técnico les dijo a los promotores: “Este problema, sólo lo puede solucionar un estudio que yo conozco” (El de sus socios).

Posteriormente, este conocido mío tuvo que rehacer el proyecto, pues todos los cálculos de cotas y de estructura realizados por ese técnico estaban mal. Este técnico municipal tenía reconocida la compatibilidad y comparte su profesión con otros dos arquitectos municipales de localidades cercanas, y se reparten los proyectos de sus municipios. En su momento me dijeron que el Tribunal de Cuentas les llamó la atención, porque la compatibilidad se había otorgado incorrectamente.

En otro caso, un técnico me dijo de los problemas de una conocida cadena de grandes superficies, que quería poner uno de sus centros en una importante localidad de una importante provincia. Esta población necesitaba, por motivos electorales, urbanísticos y sociales el centro comercial, y dio todo tipo de facilidades, y ante ello, el encargado de la empresa se sorprendía e inquietaba por ser el primer ayuntamiento donde no tenía que asegurar la voluntad de nadie con un soborno.

EL RÉGIMEN DE AUTORIZACIONES

A veces la viabilidad de un negocio, depende de una autorización, o de varias. De ello puede depender que tarde poco o mucho, o que tarden años. Algo parecido hemos tratado hace un momento en relación al urbanismo.

En la línea de narrar anécdotas reales, un compañero, me comentaba los desvelos de su Alcalde porque una importante empresa energética que pensaba instalar un parque eólico en su término municipal, pusiese uno de esos molinos en su terreno. Si alguien no lo sabe, que te pongan un molino en tu terreno es una alegría económicamente hablando. En este caso, al alcalde le pusieron un molino en su terreno.

Otro compañero me contó el caso de la instalación de una antena de telefonía móvil. En los primeros años, quien primero instalaba una antena, conseguía una importante cuota de mercado en esa localidad. Los lugares elegidos, suelen ser zonas altas, cercanas al pueblo, y que no era extraño que estéticamente fueran contraproducentes, junto a ermitas, rompiendo la línea visual de la localidad. Este compañero, oyó al propietario de los terrenos, que la empresa instaladora pagó 12.000 euros. 6.000 a él, como propietario y 6.000 al Ayuntamiento… Aquí el problema es que el Ayuntamiento nunca ingresó 6.000 €.

EL CONTROL Y LA INSPECCIÓN

Una vez se ha autorizado algo, hay que comprobar que funciona tal y como se ha autorizado y como piden las leyes. A la administración, en principio, la inspección le viene grande. Es una labor poco reconocida y poco comprendida por la población, por lo que no es raro, que no exista quien esté encargado de desarrollarla. Pero existiendo, el funcionario o la autoridad pueden pedir o se les puede ofrecer un precio por ese silencio.

A veces estos expedientes sancionadores se inician y nunca se terminan.

Ese control también se debe extender al funcionamiento de los servicios que realizan las empresas. Se oferta desarrollar un servicio con unas características determinadas, a cambio de una determinada cantidad, y al final el servicio se realiza con unas características muy inferiores, que nadie controla.

¿Y EL PERSONAL DE LOS AYUNTAMIENTOS?

También de los funcionarios se conocen casos. Hubo un Secretario, que ya no lo es, que domicilió la participación en los tributos del Estado, en su cuenta particular… Hubo otro caso, de otro funcionario, que también dejó de serlo, que realizaba las liquidaciones de las plusvalías, y daba como número de cuenta, el suyo particular.

En otro caso, a un secretario, un vecino le pidió con urgencia un certificado. Cuando se lo entregó, sacó la cartera e hizo amago de ir a pagar con varios billetes. El Secretario le preguntó: “¿Oiga, pero vd. Qué hace?”, y el vecino le contestó: “El anterior secretario decía que para ir rápido, hacía falta pagar.”

CÓMO ACABA LA CORRUPCIÓN.

En muchos casos de los que he contado ha habido impunidad jurídica, política y personal.

Pero hay casos que no. Cuando un político inicia esta línea, tarde o temprano el rumor se extiende entre sus electores, quien tiene siempre la opción de dejar de votar. Otras veces, desde el mismo partido se pone orden (nada de tribunales claro): Se le dedica una calle al Alcalde, y se le aparta de la política.

EN QUÉ SE PUEDE MEJORAR.

MEDIOS DE CONTROL:

Quizá para concluir, debo realizar una valoración muy negativa de esta situación y de nuestra clase política, donde el Secretario que sea profesional y haga cumplir la ley, puede ser perseguido por sus concejales, tener que dejar su puesto de trabajo, mientras Administración Autonómica, o Estatal y partidos políticos miran para otro lado, porque ciertas actuaciones no son buenas o malas, per se, sino que sólo son buenas o malas si se conocen.

A veces es un contrasentido que la clase política apruebe leyes y reglamentos y la responsabilidad de cumplirla quede, casi exclusivamente, en manos del funcionario, quien debe pelear el cumplimiento de las normas, con la misma clase política, esta vez a nivel local.

Para quitar márgenes a la corrupción, la independencia del Secretario y del interventor debe estar garantizada, y los mecanismos de protección deben de estar previstos claramente en la legislación, y ser ágiles y automáticos. Esto hoy en día no pasa. Ante las presiones de una Corporación, el Secretario sólo cuenta con el art. 63 de la ley de Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, que es una declaración de intenciones sin ningún desarrollo reglamentario. En el caso de nosotros, los interinos, nos han restado una parte importante de independencia, al regular el nombramiento provisional de manera tan generosa, pudiendo conseguir el cese de un interino, consiguiendo el nombramiento de un funcionario de carrera.

Por otro lado los mecanismos de control externos deben ser también ágiles y eficaces. Difícilmente podemos convencer a nuestras autoridades de que debe hacer la contratación correctamente, cuando el Tribunal de Cuentas inspecciona con varios años de retraso los expedientes.   Como autónomo he tenido que atender periódicamente a la inspección de tributos.   Como funcionario, no conocí a nadie que hubiera recibido a un inspector del Tribunal de Cuentas.

Deben desarrollarse y realizarse controles, no sólo de legalidad, sino de eficacia y de cumplimiento de normas.

NORMAS

Las normas deben de ser completas para cumplir su finalidad. Hay normas conscientemente mal realizadas, con vías de escape para contratar a la empresa que se quiera, o para dar un informe en un sentido o en otro. No hay normas que obliguen a inspeccionar y a sancionar. Las normas de inspección y sanción deben ser generales, donde no quepan excepciones.

Los márgenes de los procedimientos negociados sin publicidad, y de los contratos menores, a fecha actual, son escandalosos.   Dejan la puerta abierta a corruptelas sencillas.

Necesidad de adoptar un acuerdo de la comunidad de propietarios para acudir a los tribunales como demandado.


Legitimación pasiva “ad causam” de las Comunidades de Propietarios.  Necesidad de acuerdo para litigar como demandado.

Las Comunidades de Propietarios pueden acudir a los tribunales como demandantes y como demandados.

El Tribunal Supremo, desde el 2011 ha establecido la jurisprudencia de que es preciso un acuerdo de la Comunidad de Propietarios para poder ejercer acciones judiciales frente a un vecino.

Sin embargo, también podemos plantearnos si es preciso un acuerdo en el caso de que la Comunidad de Propietarios es la demandada y tiene que acudir como tal al proceso.

Mi  criterio, sin ser un criterio rotundo y que se extienda a todos los supuestos, sería que sí es preciso obtener un acuerdo favorable de la Comunidad de Propietarios para acudir a los tribunales, y nombrar abogado y procurador.  Sin embargo, existe juridsprudencia en sentido contrario.

En apoyo de este criterio, podemos apoyarnos, en primer lugar  los términos de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en los casos en que la Comunidad debe actuar como Demandante.   En este sentido, la STS 6992/2011 de 10 de octubre, establece que:

TERCERO.- Legitimación activa del presidente para instar acciones judiciales en defensa de la  Comunidad de propietarios. Se precisa de acuerdo adoptado válidamente en Junta de Propietarios.

 A)La doctrina jurisprudencial pese a no desconocer que el presidente de la  comunidad de  propietarios asume la representación orgánica de la  comunidad declara que la actuación del presidente en defensa de aquella ha de autorizarse a través de un acuerdo adoptado válidamente en el ámbito de las competencias de la comunidad, ya que de conformidad con el artículo 13.5 de la LPH es a la Junta de Propietarios a la que corresponde «conocer y decidir en los demás asuntos de interés general para la Comunidad acordando las medidas necesarias o convenientes para el mejor servicio de la comunidad. Asimismo la jurisprudencia es clara cuando exige que el acuerdo para actuar en juicio en defensa de los intereses de la  Comunidad es requisito indispensable atribuido a la Junta de  Propietarios (SSTS 11 de diciembre de 2000 [RC 3429/1995 ], 6 de marzo de 2000 [RC 1726/1995 ], 23 de diciembre de 2005 [RC 1844/1999]).

 B) Por lo expuesto, se declara como doctrina jurisprudencial la necesidad de un previo acuerdo de la junta de propietarios que autorice expresamente al presidente de la comunidad para ejercitar acciones judiciales en defensa de esta.

     Argumentación que es también transmisible a los casos en que la Comunidad sea la Demandada.

Esta argumentación del Tribunal Supremo, también se puede encontrar STS 2143/2012 DE 27 de marzo “La representación de la Comunidad en juicio y fuera de él del Presidente no tiene un contenido “en blanco”, de tal forma que esa representación sirva para legitimarle en cualquiera de sus actuaciones. Es la Junta de Propietarios la que acuerda lo conveniente a sus intereses y el Presidente ejecuta; su voluntad no suple, corrige o anula la de la Junta» (STS de 20 de octubre de 2004 [RC n.º 2655/1998]”

En el mismo sentido, y  entre otras, la STS 858/2014 de 19 de febrero:

 Aunque la Ley de Propiedad Horizontal únicamente exige de modo expreso el acuerdo previo para que el presidente pueda ejercitar acciones judiciales en defensa de la Comunidad de  propietarios en los supuestos concretos de acción de cesación de actividades prohibidas por los estatutos que resulten dañosas para la finca (artículo 7.2 LPH) y de reclamación de cuotas impagadas ( artículo 21LPH), no resulta razonable sostener que la facultad de representación que se atribuye de modo genérico al presidente le permita decidir unilateralmente sobre asuntos importantes para la  comunidad. ( STS 10/10/11 , 27/03/12)”

 En segundo lugar, he podido localizar una sentencia que recoge también estos argumentos, aunque al final no lo aplica en la sentencia al caso.   Es la SAP BI 1876/2013 de 24 de junio:

Por ello y siendo doctrina jurisprudencial declarada como tal en sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2.011 que es necesaria la existencia de un previo acuerdo de la Junta de propietarios que autorice expresamente al presidente de la Comunidad para ejercitar acciones judiciales en defensa de ésta, en aplicación de la doctrina expuesta en anteriores sentencias de 11 de diciembre de 2.000, 6 de marzo de 2.000 y 23 de diciembre de 2.005 , hay que convenir con la parte actora apelante que debe  apreciarse la falta de  legitimación pasiva de la Comunidad de propietarios demandada para contestar a la demanda, pues aunque ciertamente la referida sentencia de 10 de octubre de 2.011 , que sentó y declaró doctrina jurisprudencial al respecto, se refiere a un supuesto de falta de legitimación activa del Presidente de una Comunidad para formular demanda en defensa de la Comunidad de propietarios, mientras que aquí la legitimación se examina en relación con la contestación, no es menos cierto que en dicha sentencia se declara como doctrina jurisprudencial “la necesidad de un previo acuerdo de la Junta de propietarios que autorice expresamente al presidente de la Comunidad para ejercitar acciones judiciales en defensa de ésta” y defender a la Comunidad , engloba lógicamente contestar a la demanda, pues esta actuación es genuinamente defensiva de los intereses de la Comunidad, por lo cual resulta de todo punto razonable contar con un previo acuerdo comunitario que respalde tal actuación, especialmente si se tiene en cuenta que para contestar a la demanda hay que precisar previamente los términos de tal defensa y designar profesionales – abogado y procurador- para llevar a cabo tal cometido, actuaciones éstas que por su trascendencia exceden de las genéricamente atribuidas al Presidente de la Comunidad en el artículo 13.3 de la Ley de Propiedad Horizontal , definidas como “ostentar la representación de la Comunidad en juicio y fuera de él, en todos los asuntos que la afecten”, no resultando argumento aceptable el expuesto por la representación de la Comunidad demandada relativa a los plazos escasos para contestar y a la obligatoriedad de defender los acuerdos tomados por la Junta, porque en primer lugar, contestar a la demanda implica una actuación positiva y que necesariamente acarrea la necesidad de designación de profesionales al efecto para ejercitar tal defensa y que no había sido contemplada al tomarse el acuerdo impugnado, lo cual tiene una indudable carga económica y en segundo lugar, ante la eventualidad de tener que contestar a la demanda, se abre un abanico de posibilidades, tales como no contestar y constituirse en rebeldía , allanarse o contestar a la demanda, etc. que ciertamente exceden de lo previsto en el artículo 13.3 de la LPH , todo lo cual conduce a estimar fundadamente que como preconizaba la parte actora en el supuesto que se analiza el Presidente de la Comunidad carecía de legitimación para actuar en representación de la Comunidad.”

Quizá podríamos establecer la excepción de reclamaciones de escasa cuantía o  donde haya acuerdos previos que legitimen inequívocamente la voluntad de la comunidad.  Sin embargo, no es un tema resuelto expresamente por la jurisprudencia y conviene tener cautela cuando  la Comunidad de Propietarios acuda a los tribunales como demandada.

La Jurisprudencia para ir en otra dirección.   La SAP Barcelona de 25 de enero de 2012, se apoya en el poder de representación del Presidente, en juicio y fuera de él, y considera que en el caso enjuiciado no era preciso acuerdo, ya que se trataba de una deuda reclamada, a la que ya se había opuesto la Comunidad previamente.  De otro lado, se tomaba en cuenta los plazos cortos.  La falta de información a la Comunidad podía haberse suplido con una convocatoria por parte del resto de propietarios.

La SAP Madrid de fecha 16 de octubre de 2009, se apoya también en la facultad de representación y en los plazos perentorios y excusa la falta de acuerdo, cuando no haya oposión expresa de los propietarios y sin perjuicio de dar cuenta a la Junta de la operación realizada.