Respuesta de industria a la escasa duración de los plazos para presentar reclamaciones


Ha llegado la respuesta de la Comunidad de Madrid a la sugerencia de ampliar los plazos para presentar reclamaciones ante la Dirección General de Industria.   Tal como narré en otro post anterior, el plazo de la Comunidad de Madrid para presentar reclamaciones ante Industria, con motivo de “reclamaciones o discrepancias que se susciten en relación con el contrato de suministro a tarifa, o de acceso a las redes, o con las facturaciones derivadas de los mismos” .

He interpuesto alguna reclamación en otros organismos con apooyo en el artículo 98 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.   En este RD. se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.   sólo en madrid piden este plazo tan corto.

La respuesta es negativa, y se apoya en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.  A tal efecto, la respuesta a la reclamación, dice:

D. …………………………….. solicita que se deje sin efecto el plazo de un mes para interponer reclamaciones ante los órganos de industria por quejas derivadas de las facturas por consumo de electricidad. El citado plazo viene establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, por lo que, dado que de acuerdo con el artículo 103.1 de la Constitución Española “La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.”, la Comunidad de Madrid viene obligada a su aplicación y no puede dejarlo sin efecto.

La sugerencia realizada por el Sr. Gasset no puede ser atendida dado que se trata de un plazo legal

El artículo 29.4 de la Ley 24/2013, en relación a las funciones del “operador del mercado”, dice:

4. Contra las actuaciones adoptadas por el operador del mercado en el ejercicio de sus funciones podrá interponerse conflicto ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, quien emitirá una decisión en el plazo de los tres meses siguientes a la recepción de la correspondiente solicitud. Las solicitudes de resolución de estos conflictos habrán de presentarse ante el citado organismo en el plazo máximo de un mes contado desde el conocimiento por parte del solicitante del hecho que motiva su solicitud de resolución de conflicto.”

También recoge el plazo de un mes, el artículo 33 sobre los permisos de acceso o conexión, el 38, para la reglación de la distribución.  La primera sería una reclamación ante La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.   La segunda ante el “organismo responsable de la resolución de las mismas”.   Por ello, tan solo esta última podía hacer referencia a mi sugerencia.  y el artículo 38, regula la distribución y prevé reclamaciones ante el gestor de la distribución.

Sin embargo, hay más sujetos en el sistema eléctrico.

El artículo 6, enumera los siguientes sujetos:

a) Los productores de energía eléctrica,

b) El operador del mercado,

c) El operador del sistema,

d) El transportista,

e) Los distribuidores,

f) Los comercializadores,

g) Los consumidores,

h) Los gestores de cargas del sistema,

   En tanto el artículo 38, cita a los distribuidores, las reclamaciones ante comercializadores, no estarían sujetas al plazo de un mes.  Los asuntos objeto de reclamación son:    “el contrato de suministro a tarifa, o de acceso a las redes, o con las facturaciones derivadas de los mismos” .  

El acceso a las redes, que se desarrollo por el distribuidor.   Sin embargo, el contrato de suministro de tarifa o las facturaciones, las realiza la comercializadora.
La ley, no dice nada de las reclamaciones.   Por ello habría que acudir al Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

  Por ello, desde un punto de vista jurídico, estimo que la interposición de reclamaciones, no está sujeta a plazo.

Es, además de ilegal, contrario al sentido común y a la defensa de los consumidores.   Desde que se produce la facturación, o el contrato, hasta que se descubre el supuesto ilegal, pueden pasar varios meses.   También en ese tiempo, puede haber intentado con carácter previo, una reclamación a la compañía.  También puede intentar una queja ante los órganismos de consumo.  Cualquiera de estos trámite le habrán llevado más de un mes de plazo.

Ante ello, daré nuevos pasos, ante la Comunidad de Madrid y otros organismos.   Intentaré que se modifique esta actuación contraria a los derechos de los consumidores.

Aquí podéis consultar la respuesta remitida:

2. informe sq-08671_2017

Plazo demasiado corto en la Comunidad de Madrid para presentar reclamaciones ante Industria


Algunos asuntos sobre facturas eléctricas he llevado ante las Consejerías de Industria por reclamaciones de facturas eléctricas.  Alguna de estas reclamaciones ha sido en Madrid

La Dirección General de Industria establece, según su página web que:

Plazo para presentar la reclamación

Las reclamaciones habrán de presentarse ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas en el plazo máximo de UN MES contado desde el conocimiento por el solicitante del hecho que motiva su solicitud de resolución del conflicto”

Podéis consultar el trámite en esta página.

Este plazo es muy corto y no está previsto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, prevé en su artículo 98:

Artículo 98. Reclamaciones.

Las reclamaciones o discrepancias que se susciten en relación con el contrato de suministro a tarifa, o de acceso a las redes, o con las facturaciones derivadas de los mismos serán resueltas administrativamente por el órgano competente en materia de energía de la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla, en cuyo territorio se efectúe el suministro, independientemente de las actuaciones en vía jurisdiccional que pudieran producirse a instancia de cualquiera de las partes, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional undécima. Tercero de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

Esta norma no prevé ninguna limitación en cuanto al plazo para presentar una queja.   Plazo que no prevén otras Comunidades Autónomas y que es excesivamente corto, si el consumidor intenta otros métodos de solución, como la reclamación ante la misma empresa.

 

Por ello he presentado una sugerencia a la Comunidad de Madrid, con el objeto de que lo reconsideren, aunque no tengo mucha confianza en que lo cambien.

         

Administración local y corrupción


Trabajé un tiempo en la administración local y entre compañeros nos comentábamos las certezas, los rumores y los comentarios que sobre la corrupción discurrían por la provincia. Desde luego que existían, y existen, en todos los ámbitos de la Administración.

En muchos sitios se mete la pata, y en muchos también, se mete la mano.

Las prácticas irregulares dentro de la Administración Local, son difícilmente localizables, en tanto no dejan un rastro controlable. El único testimonio es el de los protagonistas, que quedan unidos como socios, tanto en el negocio, como en la responsabilidad. Por ello, muchas veces, estas actuaciones irregulares son impunes ante la Justicia.

En determinados casos la forma de proceder es sencilla, y es sencilla porque la Ley deja la puerta abierta a realizar actuaciones incorrectas.   Por ello, es muy fácil dificultar una buena parte de estas actuaciones.

Conocer la forma en que alguien puede conseguir rentabilidad al cargo público nos facilita la labor de reconocerlo y, en la medida de los posible, de dificultarlo o impedirlo. Para ello he plasmado experiencias que me han narrado algunos compañeros, familiares y amigos, y he seleccionado los que son de primera o segunda mano, donde se puede asegurar cierta verosimilitud.

Muestro únicamente el hecho, evitando dejar entrever lugares y personas.

LA CONTRATACIÓN.

La contratación administrativa es el sector donde el Secretario debe poner el mayor énfasis fiscalizador. El contrato menor y el contrato negociado otorgan un margen excesivamente amplio de actuación, por eso, más allá de las cantidades que lo permiten, no se debe tolerar el menor incumplimiento. De cara al futuro, se deberían modificar las normas para reducir al mínimo los ámbitos de arbitrariedad.

Con carácter general, en el sector privado, todo precio lleva incluido unos costes y un margen comercial. Vender algo tiene un coste, y puede ser grande o pequeño (viajes para convencer al cliente, material promocional, asesoramiento, descuentos para facilitar la operación, y.., comisiones para premiar a quien facilita el negocio). En el sector privado es normal y legítimo que alguien que ponga en contacto a dos personas que concluyen un acuerdo, pueda tener una remuneración, y está dentro de la figura jurídica del contrato de agencia, cuyo exponente más conocido es el del Agente de la Propiedad Inmobiliaria.

Sin embargo no es legítimo que quien deba perseguir la oferta más interesante para una persona jurídica, convierta lo que debe ser un descuento, en una comisión, u opte por una oferta menos ventajosa, por la única razón del beneficio particular. Los márgenes comerciales son variados y pueden llegar al 30% del coste total. Si una operación no se negocia, quien vende se está ahorrando un dinero, o quizá, alguien se está quedando con una cantidad a costa del Ayuntamiento.

Hay numerosos casos de este tipo, y cuando se llegan a conocer es por el testimonio de quien se ha visto obligado a pagar para contratar. Ya que no lo puede denunciar, pues comparte el delito con el comisionado, sí puede difundirlo de manera comedida.

Un compañero me comentó que un día se encontró con que su Alcalde le plantea un pleno extraordinario para la adjudicación de un contrato de obras. Sólo había una oferta, por 20.000.000 de las antiguas pesetas (los números redondos ya son sospechosos), y claro, había que adjudicarlo con mucha, mucha urgencia. Con el informe negativo se aprobó la contratación. Posteriormente un vecino le dijo que uno de los técnicos de la empresa, le había confesado que el precio de la obra era 19 + 1 (el millón – un 5% de la operación- se lo quedaba el Alcalde).

En otro caso, el Secretario, recién llegado observó que se estaban cambiando todas las luminarias de la población. Un día oyó como el instalador (ex – concejal del partido gobernante, de toda la vida) convencía al Alcalde diciéndole, “hace falta cambiarlas todas”. Las elecciones las perdió el equipo gobernante, y seguidamente llegó la factura por unos 90.000 euros, que se pagaron con informe negativo del secretario por falta de procedimiento de contratación, el día antes del cambio de corporación. Como ese contrato no se negoció el descuento, podéis hacer un simple cálculo. Un 10%, que es una comisión moderada, son 9.000 euros.

Un conocido que se dedica al arte, y tiene habilidad para esculpir, me comentó que le habían ofrecido hacer tres estatuas para una plaza de una localidad a 6.000.000 de pesetas cada una, si le daba una comisión al Concejal de Cultura del 10%. (en total 1.800.000 pesetas). Aquello no fraguó pero posteriormente, pude oír por la radio al concejal, hablar de las maravillas de sus estatuas, que se habían encargado al único artista local capaz de hacerlas…

A pequeña escala, también se dan casos, y que también pueden llegar a ser dolientes. Es fácil valorar un coche de primera o segunda mano, o un inmueble, pues es un mercado ágil y poco opaco, donde los precios se conocen fácilmente. También es fácil valorar artículos con precio de venta al público. Pero el precio de un profesional liberal, en donde influye bastante la experiencia, no. Tampoco es fácil valorar el precio de una obra, cuando ya se ha realizado. No se saben las horas que ha precisado de obra, si se ha metido arena u hormigón de una calidad o de otra, la pericia del albañil tiene también un precio.., y es relativamente fácil sortear las prevenciones legales.

Por ello, algún albañil me ha comentado que a veces los alcaldes le preguntan “¿Y para mí que queda?”. Otro me dijo que un Alcalde le dijo que si le hacía un descuento de 24.000 euros en una vivienda que vendía, no le faltarían las obras.

Los responsables de compras de los Ayuntamientos, disponen de muchas oportunidades. En un Ayuntamiento, el arquitecto, y algunos concejales estaban molestos con algunos precios de un proveedor del Ayuntamiento, con el que parecía tener buena relación el jefe de compras. A través de un amigo pidieron presupuesto para material, en cuantía idéntica a la de una factura llegada recientemente. El presupuesto a alguien a quien no conocían de nada, y con mayor coste de transporte, era un 15% más barato.

Otro momento en el que se da la situación es en la ejecución del contrato. Uno de los problemas de la contratación son las bajas temerarias, cuando una empresa oferta por un precio que no es posible cumplir. Posteriormente, durante la ejecución, pone sobre la mesa la existencia de aspectos no tenidos en cuenta, para rehacer el contrato, y subir el precio. Aparte de las relaciones “fraternales” que suelen existir entre los técnicos de la empresa y los de la Administración que debe controlar, es un fraude al resto de licitadores, que han realizado su trabajo correctamente. Todo el que haya trabajado en contratos, habrá observado estas situaciones.

EL URBANISMO Y LOS TÉCNICOS.

Otro sector sensible es el urbanismo, por las enormes plusvalías que puede generar, y por la importancia de la vivienda. El incumplimiento del régimen de incompatibilidades, o del deber de abstención, y el tráfico de influencias son problemas que se pueden presentar.

Si bien entre los técnicos hay unos estupendos profesionales, honrados y con muy buen criterio, también hay un porcentaje de técnicos sin ningún tipo de moral, que firman proyectos y a la vez los informan.

Me comentaron el caso de un arquitecto técnico que tuvo problemas con la justicia, y el Secretario me dijo que tuvo que certificar ciertos datos, y comprobó que llegó a firmar el 90% de los proyectos de obra mayor del municipio (A pesar de no tener la titulación). Tras firmarlos los informaba, sin ningún tipo de rubor. Quien no lo hacía con él, tenía abierta la vía contencioso administrativa, para recurrir una casi segura denegación. Según me dijo este compañero, un vecino le dijo que, en su momento, le preguntó al técnico: “¿Y cuántas plantas me puede construir?”, y éste le contestó: “Bueno, en principio…, tres”.

En otro caso, un conocido, se hizo una construcción bajo cubierta, que a pesar de estar prohibida, tuvo las bendiciones del Ayuntamiento. Para ello contrató como aparejador al que era asesor del Ayuntamiento, quien según me narró, tan sólo se pasó por la obra una vez: para cobrar…

En otros casos, disimulan un poco más, y usan otros profesionales que son los que firman los proyectos. Tengo un conocido que es Arquitecto, y opera en una importante capital. Le llegó un proyecto, para la construcción de unas viviendas en una conocida ciudad dormitorio de alto nivel. Sólo tenía una pega de las de no difícil solución. Sin embargo, el técnico les dijo a los promotores: “Este problema, sólo lo puede solucionar un estudio que yo conozco” (El de sus socios).

Posteriormente, este conocido mío tuvo que rehacer el proyecto, pues todos los cálculos de cotas y de estructura realizados por ese técnico estaban mal. Este técnico municipal tenía reconocida la compatibilidad y comparte su profesión con otros dos arquitectos municipales de localidades cercanas, y se reparten los proyectos de sus municipios. En su momento me dijeron que el Tribunal de Cuentas les llamó la atención, porque la compatibilidad se había otorgado incorrectamente.

En otro caso, un técnico me dijo de los problemas de una conocida cadena de grandes superficies, que quería poner uno de sus centros en una importante localidad de una importante provincia. Esta población necesitaba, por motivos electorales, urbanísticos y sociales el centro comercial, y dio todo tipo de facilidades, y ante ello, el encargado de la empresa se sorprendía e inquietaba por ser el primer ayuntamiento donde no tenía que asegurar la voluntad de nadie con un soborno.

EL RÉGIMEN DE AUTORIZACIONES

A veces la viabilidad de un negocio, depende de una autorización, o de varias. De ello puede depender que tarde poco o mucho, o que tarden años. Algo parecido hemos tratado hace un momento en relación al urbanismo.

En la línea de narrar anécdotas reales, un compañero, me comentaba los desvelos de su Alcalde porque una importante empresa energética que pensaba instalar un parque eólico en su término municipal, pusiese uno de esos molinos en su terreno. Si alguien no lo sabe, que te pongan un molino en tu terreno es una alegría económicamente hablando. En este caso, al alcalde le pusieron un molino en su terreno.

Otro compañero me contó el caso de la instalación de una antena de telefonía móvil. En los primeros años, quien primero instalaba una antena, conseguía una importante cuota de mercado en esa localidad. Los lugares elegidos, suelen ser zonas altas, cercanas al pueblo, y que no era extraño que estéticamente fueran contraproducentes, junto a ermitas, rompiendo la línea visual de la localidad. Este compañero, oyó al propietario de los terrenos, que la empresa instaladora pagó 12.000 euros. 6.000 a él, como propietario y 6.000 al Ayuntamiento… Aquí el problema es que el Ayuntamiento nunca ingresó 6.000 €.

EL CONTROL Y LA INSPECCIÓN

Una vez se ha autorizado algo, hay que comprobar que funciona tal y como se ha autorizado y como piden las leyes. A la administración, en principio, la inspección le viene grande. Es una labor poco reconocida y poco comprendida por la población, por lo que no es raro, que no exista quien esté encargado de desarrollarla. Pero existiendo, el funcionario o la autoridad pueden pedir o se les puede ofrecer un precio por ese silencio.

A veces estos expedientes sancionadores se inician y nunca se terminan.

Ese control también se debe extender al funcionamiento de los servicios que realizan las empresas. Se oferta desarrollar un servicio con unas características determinadas, a cambio de una determinada cantidad, y al final el servicio se realiza con unas características muy inferiores, que nadie controla.

¿Y EL PERSONAL DE LOS AYUNTAMIENTOS?

También de los funcionarios se conocen casos. Hubo un Secretario, que ya no lo es, que domicilió la participación en los tributos del Estado, en su cuenta particular… Hubo otro caso, de otro funcionario, que también dejó de serlo, que realizaba las liquidaciones de las plusvalías, y daba como número de cuenta, el suyo particular.

En otro caso, a un secretario, un vecino le pidió con urgencia un certificado. Cuando se lo entregó, sacó la cartera e hizo amago de ir a pagar con varios billetes. El Secretario le preguntó: “¿Oiga, pero vd. Qué hace?”, y el vecino le contestó: “El anterior secretario decía que para ir rápido, hacía falta pagar.”

CÓMO ACABA LA CORRUPCIÓN.

En muchos casos de los que he contado ha habido impunidad jurídica, política y personal.

Pero hay casos que no. Cuando un político inicia esta línea, tarde o temprano el rumor se extiende entre sus electores, quien tiene siempre la opción de dejar de votar. Otras veces, desde el mismo partido se pone orden (nada de tribunales claro): Se le dedica una calle al Alcalde, y se le aparta de la política.

EN QUÉ SE PUEDE MEJORAR.

MEDIOS DE CONTROL:

Quizá para concluir, debo realizar una valoración muy negativa de esta situación y de nuestra clase política, donde el Secretario que sea profesional y haga cumplir la ley, puede ser perseguido por sus concejales, tener que dejar su puesto de trabajo, mientras Administración Autonómica, o Estatal y partidos políticos miran para otro lado, porque ciertas actuaciones no son buenas o malas, per se, sino que sólo son buenas o malas si se conocen.

A veces es un contrasentido que la clase política apruebe leyes y reglamentos y la responsabilidad de cumplirla quede, casi exclusivamente, en manos del funcionario, quien debe pelear el cumplimiento de las normas, con la misma clase política, esta vez a nivel local.

Para quitar márgenes a la corrupción, la independencia del Secretario y del interventor debe estar garantizada, y los mecanismos de protección deben de estar previstos claramente en la legislación, y ser ágiles y automáticos. Esto hoy en día no pasa. Ante las presiones de una Corporación, el Secretario sólo cuenta con el art. 63 de la ley de Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, que es una declaración de intenciones sin ningún desarrollo reglamentario. En el caso de nosotros, los interinos, nos han restado una parte importante de independencia, al regular el nombramiento provisional de manera tan generosa, pudiendo conseguir el cese de un interino, consiguiendo el nombramiento de un funcionario de carrera.

Por otro lado los mecanismos de control externos deben ser también ágiles y eficaces. Difícilmente podemos convencer a nuestras autoridades de que debe hacer la contratación correctamente, cuando el Tribunal de Cuentas inspecciona con varios años de retraso los expedientes.   Como autónomo he tenido que atender periódicamente a la inspección de tributos.   Como funcionario, no conocí a nadie que hubiera recibido a un inspector del Tribunal de Cuentas.

Deben desarrollarse y realizarse controles, no sólo de legalidad, sino de eficacia y de cumplimiento de normas.

NORMAS

Las normas deben de ser completas para cumplir su finalidad. Hay normas conscientemente mal realizadas, con vías de escape para contratar a la empresa que se quiera, o para dar un informe en un sentido o en otro. No hay normas que obliguen a inspeccionar y a sancionar. Las normas de inspección y sanción deben ser generales, donde no quepan excepciones.

Los márgenes de los procedimientos negociados sin publicidad, y de los contratos menores, a fecha actual, son escandalosos.   Dejan la puerta abierta a corruptelas sencillas.

Contador de la luz estropeado y factura abultada, ¿Qué hacer?


Recientemente he tenido que estudiar y defender a alguien que habría sufrido una factura de una importante empresa eléctrica, de cuantía muy elevada, porque el contador estaba averiado.

El contador de la luz se había roto, y la facturación complementaria de un año se pasó de una sola vez.   La factura no explicaba nada, no tenia más contenido que una factura normal, ni siquiera hacía referencia a su carácter complementario o a la causa de ese carácter complementario.   Como el cliente, yo me quedé descolocado una semana pensando como poder atacar esta factura.

Un primer requisito de estas facturas complementarias cuando el contador de la luz se ha roto, es que sólo se puede facturar un año atrás, no más.   En este caso, esta importante empresa eléctrica facturaba 3 meses de más.

En las peleas con las eléctricas, debes de tener a mano, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y aquí su artículo 96, que dice:

“Artículo 96. Comprobación de los equipos de medida y control.
(…)
2. En el caso de comprobarse un funcionamiento incorrecto, se procederá a efectuar una refacturación complementaria. 

Si se hubieran facturado cantidades inferiores a las debidas, la diferencia a efectos de pago podrá ser prorrateada en tantas facturas mensuales como meses transcurrieron en el error, sin que pueda exceder el aplazamiento ni el periodo a rectificar de un año.

Es decir pone un año como máximo (no como cantidad fija como sucede en el articulo 86) pero es que ademas habla de que el error está cuantificado en el tiempo aludiendo a que se mide desde que se tiene constancia del error y si es mas de un año es este periodo el máximo que se puede reclamar.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias – Las Palmas 209/2004 (Sala de lo Contencioso-Administrativo; Sección 2ª; fecha 14 mayo 2004), establece:

“El articulo 96 del R.D. 1955/2000 , reconoce un derecho -bien a favor del consumidor o del distribuidor de la energía-, para el cobro de la cantidad que debe ser reintegrada, por error técnico, a la empresa distribuidora por el abonado y que consistirá en la diferencia entre la satisfecha y la que se debió de pagar por la energía facturada, sin que pueda exceder del periodo de un año,  plazo que es independiente del de prescripción y que se cita por la norma reguladora de la distribución de la energía eléctrica para fijar la cantidad que puede solicitarse -en este supuesto- por la empresa distribuidora; mientras que la finalidad del plazo del articulo 1996 del Código Civil es solamente señalar un limite a las pretensiones que las partes puedan deducir y no a los derechos que las afecten, por lo que el plazo de 5 meses alegados por la parte actora no puede ser tomado en consideración para señalar la cantidad a abonar como consecuencia de anomalías en el equipo de medida.”

Esta Sentencia, que es coincidente con otra previa, desestima  el recurso interpuesto por una empresa distribuidora contra una Resolución de la Administración de las Islas Canarias que, en un caso de funcionamiento incorrecto de un contador, establecía expresamente, al amparo del precepto citado, dicho límite temporal de un año.

Esta limitación de refacturar ha sido también reconocida por la Comisión Nacional de la Energía en su informe 5/2012, citando la sentencia anterior.

Prorrateo de la nueva factura.   Como subrayo, yo entiendo que las nuevas cuantías deben venir prorrateadas en tantas facturas mensuales como meses transcurrieron en el error.

Como ya hemos citado el artículo 96.2 establece que “Si se hubieran facturado cantidades inferiores a las debidas, la diferencia a efectos de pago podrá ser prorrateada en tantas facturas mensuales como meses transcurrieron en el error

Precepto que debe interpretarse como que la empresa tiene derecho a corregir las facturas, pero con la limitación del año, y que se repartirán, se prorratearan en tantas facturas mensuales como meses transcurrieron en el error.   El precepto no dice que la empresa podrá prorratear o no a su elección.   Tiene derecho a pasar la nueva facturación, pero prorrateándola.

La finalidad del precepto es que el consumidor no se encuentre con la facturación complementaria de un año en una única factura.   Esta interpretación no la he podido corroborar con alguna sentencia, pero, tiene su sentido.

Un segundo aspecto es la cuantía a facturar cuando el contador se ha roto o estropeado, de no existir criterio objetivo para girar la facturación en estos supuestos, la empresa distribuidora la girará facturando un importe correspondiente al producto de la potencia contratada, o que se hubiese debido contratar, por seis horas de utilización diarias durante un año, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que se puedan interponer.

En este caso, como ya hemos indicado el contador estaba roto, y la empresa comercializadora realizó una facturación complementaria.    La nueva facturación debe poder ser interpretada por el consumidor, y por los operadores jurídicos para poder ser tramitada correctamente.

Para casos similares, aplicando analógicamente, el Real Decreto 955/2000 prevé la posibilidad de facturar en su artículo 87 con los siguientes criterios:

“De no existir criterio objetivo para girar la facturación en estos supuestos, la empresa distribuidora la girará facturando un importe correspondiente al producto de la potencia contratada, o que se hubiese debido contratar, por seis horas de utilización diarias durante un año, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que se puedan interponer.”

¿Contra quién reclamar?   En este supuesto, se debe reclamar ante la Consejería de Industria de la Comunidad Autónoma.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica

Artículo 98. Reclamaciones.

Las reclamaciones o discrepancias que se susciten en relación con el contrato de suministro a tarifa, o de acceso a las redes, o con las facturaciones derivadas de los mismos serán resueltas administrativamente por el órgano competente en materia de energía de la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla, en cuyo territorio se efectúe el suministro, independientemente de las actuaciones en vía jurisdiccional que pudieran producirse a instancia de cualquiera de las partes, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional undécima. Tercero de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

Subsanación de la notificación defectuosa en el procedimiento administrativo


     Cuando la Administración realiza una notificación defectuosa, se plantea la cuestión de cómo correjirla.

Por ello, para aclarar la situación es preciso encontrar cúal es la forma de subsanar una notificación defectuosa

  1. Previsión legal.

El artículo 58 de la Ley 30/92 RJPAC, regula las notificaciones estableciendo su contenido:

  1. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente,
  2. Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda.

Por ello, Toda notificación debe contener:

  • Texto íntegro de la resolución,
  • Indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa,
  • Expresión de los recursos que procedan,
  • Órgano ante el que hubieran de presentarse y
  • Plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente,

Improcedencia de la rectificación de errores.

En la práctica administrativa una vez me encontré con un intento de resolver esta notificación defectuosa con una rectificación de errores.

El artículo 105.2 de la Ley 30/92 RJ-PAC autoriza a rectificar los errores materiales y de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Las rectificaciones se refieren a los actos administrativos, no a las notificaciones.   En este caso el acto administrativo, que tiene por contenido una resolución de una reclamación, no contiene ningún error material, de hecho o aritmético.  Ninguno.    El acto es correcto y sigue siendo el mismo tras la “corrección”, la que es incorrecta es la notificación.

Tampoco existe ningún precepto legal recoge que la subsanación de la notificación defectuosa se pueda realizar mediante una rectificación de errores.

Modo de subsanación de las notificaciones defectuosas.

En este caso seguimos al Tribunal Supremo cuando dice en la Sentencia de 20 de junio de 2007 recurso nº 8321-2003:

“Tras la Ley 4/1999, de 13 de enero, en vigor, pues, cuando acaecieron los hechos, el mismo precepto dice así:

“Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda”.

“En síntesis, pues, la reforma implica:

  1. a) Que, en todo caso —como requisito imprescindible— en cualquier notificación considerada defectuosa ha de contenerse, necesariamente, el texto íntegro del acto; esto es, que, de los cinco requisitos que, en el artículo 58.2 de la misma LRJPA , se exigen para toda correcta notificación de las resoluciones o actos administrativos, la presencia del primero —el texto íntegro del acto— deviene imprescindible. Su ausencia o falta de integridad implica la nulidad de la notificación y la imposibilidad de su subsanación a través de la vía que examinamos del artículo 58.3.

Que este precepto contempla, en realidad, dos vías para la subsanación de una notificación defectuosa —pero que contenga el texto íntegro del acto—: bien la interposición de cualquier recurso que proceda, bien la realización de actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación. “

(…)

En relación a la notificación “Como mecanismo de garantía está sometida a determinados requisitos formales (art. 79.2 LPA, entonces vigente — art. 58.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común , LRJ y PAC—), de modo que las notificaciones defectuosas no surten, en principio, efectos, salvo que se convalide, produciendo entonces los efectos pertinentes”.

Ahora bien el Tribunal Supremo en sentencia de 3 de junio del 2002, reiterada en sentencia de 5 de febrero del 2008 del mismo tribunal, declara examinando el régimen contenido en la anterior LPA y en la actual LRJ y PAC que “Pues bien, a este respecto debe recordarse que, según nuestra doctrina, la notificación no constituye un requisito de validez pero sí de eficacia del acto administrativo. Sólo a partir de ella comienzan sus efectos y sólo desde entonces empieza también el computo de los plazos para la interposición de los recursos (administrativos o jurisdiccional).

Como mecanismo de garantía la notificación estaba (y está) sometida a estrictos requisitos formales, de modo que las notificaciones defectuosas, en principio, no surtían (ni surten) efectos. Había, conforme a la LPA tres supuestos, no plenamente coincidentes con los de la actual Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , en los que la  notificación defectuosa se convalidaba y producía los efectos pertinentes. Uno era que el interesado hiciera “manifestación expresa” en el sentido de darse por notificado, otro era el de la interposición del recurso pertinente (art. 79.3 LPA ), y otro, en fin, el previsto en el art. 79.4 para la notificación practicada personalmente al interesado que contuviera el texto integro del acto y el defecto consistiera en la omisión de otros requisitos, que se convalidaba por el mero transcurso de seis meses, a no ser que el interesado hiciera protesta formal dentro de ese plazo pidiendo una notificación en regla.

Fue la LRJ y PAC, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su primitiva redacción anterior a la modificación introducida por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la que, en su art. 58.3 , dispuso la convalidación de las notificaciones defectuosas:

  1. a) Desde que “el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido de la resolución o acto objeto de la notificación”.
  1. b) Desde que interpusiera el recurso procedente. Es decir, sólo con la entrada en vigor de dicha ley se sustituye la exigencia de “expresa” manifestación por la de actuaciones que supusieran el conocimiento del contenido del acto, y ello hasta la nueva redacción del art. en la que se añade, para tal convalidación, que la notificación defectuosa contenga el texto íntegro del acto.

Por consiguiente, fuera de dichos supuestos, el acto administrativo mal notificado (y, por supuesto, el no notificado) no es eficaz (aunque pueda ser válido) y, por ello, no empieza a correr el plazo para impugnarlo; plazo que permanece abierto incluso en el supuesto en que el interesado interponga un recurso improcedente.

El actual art. 58.3 declara que “3. Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda.”

Por ello, para la Ley y el Tribunal Supremo, existen dos maneras de convalidar una notificación defectuosa:

a- Interposición de cualquier recurso que proceda,

b-   La realización de actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación.

¿Cabría otro medio alternativo y seguro para convalidar la notificación defectuosa?

Esta pregunta no tiene una respuesta sencilla, y no he encontrado jurisprudencia clara al efecto.   De ser posible, pasaría por realizar una nueva notificación, con todos los elementos necesarios

De manera tangencial, parece aceptarlo la Sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de diciembre de 2002, en relación a las reclamaciones económico administrativas, cuya regulación era entonces prácticamente idéntica, y en esta cuestión, dice:

“Y tratándose en el caso presente de una notificación defectuosa del acuerdo previo de derivación de responsabilidad, que no implica en forma alguna la nulidad radical de tal acto, sino sólo la anulabilidad de tal notificación al objeto de que se practique en forma ajustada a derecho, es plenamente correcta la decisión del TEAR, confirmada por el TEAC, de anular dicha notificación y especificar las medidas a adoptar en su subsanación , como es en este caso la práctica de una  nueva notificación que contenga los elementos esenciales de las liquidaciones tributarias cuyo pago se exige.”

También de manera tangencial, sin ser el centro de la decisión del tribunal, la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 5 de octubre de 2005, también cita un caso en que se realizó una nueva notificación, correcta, y con todos los elementos necesarios, no sólo los ausentes en la primera notificación:

“Pero al efectuarla se consignó el texto íntegro de la resolución, pero se omitió consignar la indicación de si era o no definitiva en vía administrativa, la expresión de los recursos procedentes, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, es decir, que se omitió consignar las menciones que para la notificación de los actos administrativos dispone, como regla general, el art. 58.2 de la LRJAP y PAC.A falta de tales indicaciones, la interesada recaba la  nueva notificación de la resolución dictada, con la incorporación de las mismas, a lo que accede la Administración actuante mediante la reproducción de la notificación de la resolución de adjudicación, con traslado del texto íntegro e la misma y mención de los recursos pertinentes contra ella.

Por consiguiente, notificada en forma la resolución de adjudicación el 27 de enero de 2004 con expresión de los recursos pertinentes contra la misma, e interponiendo la interesada recurso de reposición siguiendo las indicaciones efectuadas en el acto de notificación, no puede la Administración volverse contra sus propios actos y considerar extemporáneo aquel (…)”

No es un formalismo sin sentido realizar una nueva notificación.   La ley quiere dar todas las garantías y facilidades a los interesados del conocimiento de la resolución y los medios para defenderse de la misma.

La ley tiene en cuenta, que los ciudadanos que reciben la actividad administrativa, no tienen porqué tener estudios superiores, ni inferiores, ni siquiera saber leer, y mucho menos que tengan el mismo nivel de conocimientos que la Administración.   Una visión superficial del recurso presentado por la interesada muestra que sus conocimientos son limitados.

Para estos casos, en que la Administración está por encima en conocimientos y medios de los ciudadanos, la Administración debe cumplir con darle una información lo más correcta posible para que puedan defenderse.     En este caso, la ciudadana recibió una resolución, en el que no le decían cómo defenderse, y posteriormente, unos medios de defensa sin acompañar la resolución frente a la que debía defenderse.   Además la recibió en agosto, cuando no podía consultar a un abogado.

Tampoco es un formalismo excesivo para la Administración.  Tiene el mismo coste económico, e incluso un coste inferior en trabajo.

multas a bicis no dan lugar a pérdida de puntos del carné de conducir.


Una multa a una bicicleta no implica pérdida de puntos.   Dicho de manera más técnica:   La comisión de infracciones durante la conducción de una bicicleta nunca implica la pérdida de puntos del carné de conducir.    Por conducir una bici, nunca, nunca os deben quitar puntos del permiso de conducir.  Esto es claro, pero no lo tienen tan claro algunas administraciones locales.  Por ello no es difícil encontrar casos por sucesos similares.   Si sufres esta situación, puedes usar nuestros argumentos en los recursos o alegaciones que presentéis a la multa.

Multa a cicilistas no implica pérdida de puntos

Las multa a ciclistas no pueden implicar pérdida de puntos

El Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, señala que en su anexo II, que “la pérdida de puntos únicamente se producirá cuando el hecho del que se deriva la detracción de puntos se produce con ocasión de la conducción de un vehículo para el que se exija autorización administrativa para conducir”.

La pérdida de puntos, sólo puede afectar a quien cometa la infracción utilizando un vehículo que requiera licencia.  La bicicleta no lo requiere, por lo que no se pueden detraer puntos por ello.

Dos normas establecen qué vehículos requieren autorización para conducirlos:

El Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, establece en su artículo 60 Permisos y licencias de conducción, que “La conducción de vehículos a motor y ciclomotores exigirá haber obtenido previamente la preceptiva autorización administrativa, que se dirigirá a verificar que los conductores tengan los requisitos de capacidad, conocimientos y habilidad necesarios para la conducción del vehículo, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente. Se prohíbe conducir vehículos a motor y ciclomotores sin estar en posesión de la mencionada autorización administrativa.

El Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores establece en su artículo 1 que “la conducción de vehículos de motor y ciclomotores por las vías y terrenos a que se refiere el artículo 2 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, exigirá haber obtenido previamente el permiso o la licencia de conducción, sin perjuicio de las habilitaciones complementarias que, además, en su caso, sean necesarias”.

Por todo ello, las infracciones cometidas como peatón, ciclista, montando a caballo, en carromato, triciclo, patín, monopatín o patinete… No suponen multa con pérdida de puntos del carnet de conducir.

Adjuntamos una Sentencia cuyo procedimiento llevé, donde la Administración Local afectada nos dio la razón y el juez lo confirmó.

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Silencio administrativo en solicitudes de información ambiental


La ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, junto con su predecesora de 1995 supusieron un avance desde un punto de vista normativo, sin embargo la aplicación por parte de las administraciones deja mucho, mucho que desear.

El primer recurso del político que no quiere dar una información ambiental va a ser no contestar, esconder la cabeza bajo el ala, entre que lo piensa, lo medita ha pasado un més, o dos, que es el máximo de tiempo para contestar.   Bueno, ya tenemos silencio administrativo para ir a los tribunales, pero, ¿Cuál es el sentido de ese silencio administrativo?

Una Sentencia del Tribunal Supremo, recién salida del horno, en un procedimiento en el que he ejercido como letrado desde el primer escrito ha dejado claro jurisprudencialmente este asunto.   La argumentación qu dimos se apoyo en estas razones:

a.  Los antecedentes normativos.

La ley 27/2006 guarda silencio en relación al carácter del silencio. Sin embargo, a la vista de la evolución en la normativa del acceso a la información ambiental, cabe interpretar sin ningún género de dudas que la ley fija inequívocamente el sentido del silencio, y establece el silencio positivo.

La primera regulación sobre el acceso a la información ambiental fue la Ley 38/95 de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la Información en materia de Medio Ambiente, y estableció que ante la falta de contestación, el silencio era negativo:

Artículo 4. Resolución de las solicitudes.

 Las Administraciones públicas deberán resolver las solicitudes de información sobre el medio ambiente en el plazo máximo de dos meses a partir del día de la fecha en que aquéllas hayan tenido entrada en cualquiera de los registros del órgano administrativo competente. Si venciese este plazo sin que hubiera recaído resolución expresa del órgano competente, la solicitud se entenderá desestimada.

Sin embargo, esta ley fue modificada mediante Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, eliminando la referencia a que la solicitud se entenderá desestimada.   La exposición de motivos de esta ley decía:

Finalmente, en el ámbito de la acción administrativa medioambiental, se introducen diversas modificaciones en la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente, incluyendo las diligencias judiciales o administrativas sancionadoras preliminares entre los supuestos en que no debe facilitarse la información, suprimiendo el silencio negativo, estableciendo el régimen de recursos en vía administrativa e introduciendo la posibilidad de exigencia de abono de tasas, para conciliar la norma con las exigencias del derecho comunitario.”

 Finalmente el artículo 4.1 quedó redactado de la siguiente manera:

 «1. Las Administraciones públicas deberán notificar las resoluciones relativas a las solicitudes de información sobre el medio ambiente en el plazo máximo de dos meses, a partir de la fecha en que aquéllas hayan tenido entrada en cualquiera de los registros del órgano administrativo competente.

De esta modificación se interpreta claramente la voluntad del legislador de establecer el silencio positivo para los casos de falta de contestación.

La Ley 27/2006 de 18 de julio de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que ha regulado esta materia en los artículos 10 a 13, no ha recogido expresamente el silencio negativo.

En cualquier caso, el silencio positivo es la respuesta más acorde con la formulación prevista en la Ley 30/92 RJ-PAC. En la Ley 30/92 RJ-PAC, se establece la regla general del silencio administrativo positivo, y sólo existirá silencio negativo cuando una norma con rango de Ley o una norma de Derecho Comunitario Europeo establezca el silencio negativo ( art. 43.1)”.

b. La jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha recogido el silencio administrativo positivo.

Diversos Tribunales Superiores de Justicia han considerado que el silencio, en estas situaciones, es positivo, como las STSJ Canarias 60/2010 de 14 de mayo.   Sección 2, STSJ Canarias 64/2010 de 24 de mayo, STSJ Canarias 72/2010 de 11 de junio.   Sección 2.   y STSJ Castilla y León 25 de mayo de 2012. Sección primera, con sede en Burgos.   La sentencia que dio lugar a la Sentencia del Tribunal Supremo fue la Sentencia 649/2012 de 5 de diciembre de la sección quinta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

c.  La doctrina también se inclina por el silencio administrativo positivo en materia medioambiental, y a tal efectos podemos citar:

  • José Antonio Pazquín Lizarraga y Angel Ruiz de Apodaca Espinosa. Información, participación y justicia en materia de medio ambiente. Comentario sistemático a la Ley 27/2006, de 18 de julio,
  • Betancor Rodríguez (2001).
  • Lozano Cutanda (2001: 113)
  • I Lasagasaster herrarte, A. García Ureta e I Lazcano Brotons (2005: 25)
  • Sanchís Moreno (2007: 19)
  • Severiano Fernández Ramos (2009:172)

 d.  La Jurisprudencia comunitaria desautoriza el silencio administrativo negativo cuando se trata de información ambiental.

De la STJUE de 21 de abril de 2005 (“Pierre Housieaux “) analizada por la recurrente, sólo se puede extraer la conclusión contraria a la de la Generalitat Valenciana, y en el mismo sentido que interpreta la sentencia recurrida.

Tal y como cita la sentencia Pierre Housieaux en su apartado 35:

el artículo 3, apartado 4, de la mencionada Directiva se opone a que tal decisión no contenga una motivación en el momento de la expiración en el plazo de dos meses.   En estas circunstancias, la decisión denegatoria presunta constituye ciertamente una <respuesta> en el sentido de esta disposición pero debe considerarse ilegal”, y reitera en el apartado 36, in fine: “No obstante, el citado artículo 3, apartado 4 se opone a que tal decisión no contenga una motivación en el momento de la expiración del plazo de dos meses.   En esta circunstancia debe considerarse que la decisión denegatoria presunta es ilegal”.

El supuesto de hecho de esta sentencia era una cuestión prejudicial del Consejo de Estado Belga, cuyo objeto era, entre otras cuestiones, la interpretación de los artículos 3. 4 y 4 de la directiva 90/313, en relación al Decreto Belga de 29 de agosto de 1991 sobre acceso a la información medioambiental, que transponía la anterior directiva.

En concreto, dichas disposiciones establecían:
Artículo 3.4:   “Las autoridades públicas deberán responder a los interesados lo antes posible y dentro del plazo de dos meses.   Se deberán indicar las razones de la denegación de la solicitud de información”

 Artículo 4: “La persona que considere que su solicitud de información ha sido denegada o ignorada sin motivo justificado, o que haya recibido una respuesta inadecuada por parte de una autoridad pública, podrá presentar un recurso judicial o administrativo contra la decisión de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional en la materia”.

El Consejo de Estado Belga planteó entre otras, las siguientes cuestiones:

En primer lugar si el plazo de dos meses era un plazo de orden, es decir un plazo meramente indicativo para la autoridad que debe resolver o un plazo imperativo cuyo respeto es obligatorio para dicha autoridad.

Por otro lado planteó si los citados artículos prohibían que un ordenamiento jurídico nacional en la materia, interprete el silencio de la autoridad ante la que se ha presentado una solicitud de información mantenido durante los dos meses, a los que se hace referencia en el artículo 3.4 de la Directiva, como una denegación presunta de la solicitud y que, por consiguiente, no está motivada, pero que puede ser objeto del recurso judicial o administrativo previsto en el artículo 4.

En relación a la primera cuestión consideró que era un plazo imperativo, y en relación a la cuestión del silencio, como ya se ha visto anteriormente, el TJCE concluía:

el artículo 3, apartado 4, de la mencionada Directiva se opone a que tal decisión no contenga una motivación en el momento de la expiración en el plazo de dos meses.   En estas circunstancias, la decisión denegatoria presunta consituye ciertamente una <respuesta> en el sentido de esta disposición pero debe considerarse ilegal”.

Es decir, el silencio administrativo negativo, no es ilegal por su naturaleza de no contestación, sino por la falta de motivación.

A la vista de todo lo anterior, no se puede concluir, como realiza la Administración Recurrente, que el TJCE establezca el silencio negativo cuando no se responda a las cuestiones ambientales que una persona física o jurídica plantee.

Las Directivas Comunitarias no regulan el sentido del silencio, que dejan a la competencia de las normativas nacionales, pero dicen que cualquier respuesta negativa, debe ser motivada, lo cual convierte al silencio negativo en imposible, ya que la esencia del silencio administrativo es incompatible con la motivación.

Todas estas argumentaciones se pusieron a prueba en el Recurso de Casación 691/2013 , siendo ponente  Excmo. Sr. D.: José Juan Suay Rincón, y la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo resolvió en Sentencia de 16/01/2015 que el silencio administrativo era positivo, recogiendo la argumentación que expusimos en la oposición.