Respuesta de industria a la escasa duración de los plazos para presentar reclamaciones


Ha llegado la respuesta de la Comunidad de Madrid a la sugerencia de ampliar los plazos para presentar reclamaciones ante la Dirección General de Industria.   Tal como narré en otro post anterior, el plazo de la Comunidad de Madrid para presentar reclamaciones ante Industria, con motivo de “reclamaciones o discrepancias que se susciten en relación con el contrato de suministro a tarifa, o de acceso a las redes, o con las facturaciones derivadas de los mismos” .

He interpuesto alguna reclamación en otros organismos con apooyo en el artículo 98 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.   En este RD. se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.   sólo en madrid piden este plazo tan corto.

La respuesta es negativa, y se apoya en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.  A tal efecto, la respuesta a la reclamación, dice:

D. …………………………….. solicita que se deje sin efecto el plazo de un mes para interponer reclamaciones ante los órganos de industria por quejas derivadas de las facturas por consumo de electricidad. El citado plazo viene establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, por lo que, dado que de acuerdo con el artículo 103.1 de la Constitución Española “La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.”, la Comunidad de Madrid viene obligada a su aplicación y no puede dejarlo sin efecto.

La sugerencia realizada por el Sr. Gasset no puede ser atendida dado que se trata de un plazo legal

El artículo 29.4 de la Ley 24/2013, en relación a las funciones del “operador del mercado”, dice:

4. Contra las actuaciones adoptadas por el operador del mercado en el ejercicio de sus funciones podrá interponerse conflicto ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, quien emitirá una decisión en el plazo de los tres meses siguientes a la recepción de la correspondiente solicitud. Las solicitudes de resolución de estos conflictos habrán de presentarse ante el citado organismo en el plazo máximo de un mes contado desde el conocimiento por parte del solicitante del hecho que motiva su solicitud de resolución de conflicto.”

También recoge el plazo de un mes, el artículo 33 sobre los permisos de acceso o conexión, el 38, para la reglación de la distribución.  La primera sería una reclamación ante La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.   La segunda ante el “organismo responsable de la resolución de las mismas”.   Por ello, tan solo esta última podía hacer referencia a mi sugerencia.  y el artículo 38, regula la distribución y prevé reclamaciones ante el gestor de la distribución.

Sin embargo, hay más sujetos en el sistema eléctrico.

El artículo 6, enumera los siguientes sujetos:

a) Los productores de energía eléctrica,

b) El operador del mercado,

c) El operador del sistema,

d) El transportista,

e) Los distribuidores,

f) Los comercializadores,

g) Los consumidores,

h) Los gestores de cargas del sistema,

   En tanto el artículo 38, cita a los distribuidores, las reclamaciones ante comercializadores, no estarían sujetas al plazo de un mes.  Los asuntos objeto de reclamación son:    “el contrato de suministro a tarifa, o de acceso a las redes, o con las facturaciones derivadas de los mismos” .  

El acceso a las redes, que se desarrollo por el distribuidor.   Sin embargo, el contrato de suministro de tarifa o las facturaciones, las realiza la comercializadora.
La ley, no dice nada de las reclamaciones.   Por ello habría que acudir al Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

  Por ello, desde un punto de vista jurídico, estimo que la interposición de reclamaciones, no está sujeta a plazo.

Es, además de ilegal, contrario al sentido común y a la defensa de los consumidores.   Desde que se produce la facturación, o el contrato, hasta que se descubre el supuesto ilegal, pueden pasar varios meses.   También en ese tiempo, puede haber intentado con carácter previo, una reclamación a la compañía.  También puede intentar una queja ante los órganismos de consumo.  Cualquiera de estos trámite le habrán llevado más de un mes de plazo.

Ante ello, daré nuevos pasos, ante la Comunidad de Madrid y otros organismos.   Intentaré que se modifique esta actuación contraria a los derechos de los consumidores.

Aquí podéis consultar la respuesta remitida:

2. informe sq-08671_2017

Plazo demasiado corto en la Comunidad de Madrid para presentar reclamaciones ante Industria


Algunos asuntos sobre facturas eléctricas he llevado ante las Consejerías de Industria por reclamaciones de facturas eléctricas.  Alguna de estas reclamaciones ha sido en Madrid

La Dirección General de Industria establece, según su página web que:

Plazo para presentar la reclamación

Las reclamaciones habrán de presentarse ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas en el plazo máximo de UN MES contado desde el conocimiento por el solicitante del hecho que motiva su solicitud de resolución del conflicto”

Podéis consultar el trámite en esta página.

Este plazo es muy corto y no está previsto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, prevé en su artículo 98:

Artículo 98. Reclamaciones.

Las reclamaciones o discrepancias que se susciten en relación con el contrato de suministro a tarifa, o de acceso a las redes, o con las facturaciones derivadas de los mismos serán resueltas administrativamente por el órgano competente en materia de energía de la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla, en cuyo territorio se efectúe el suministro, independientemente de las actuaciones en vía jurisdiccional que pudieran producirse a instancia de cualquiera de las partes, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional undécima. Tercero de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

Esta norma no prevé ninguna limitación en cuanto al plazo para presentar una queja.   Plazo que no prevén otras Comunidades Autónomas y que es excesivamente corto, si el consumidor intenta otros métodos de solución, como la reclamación ante la misma empresa.

 

Por ello he presentado una sugerencia a la Comunidad de Madrid, con el objeto de que lo reconsideren, aunque no tengo mucha confianza en que lo cambien.

         

Facilidades al alquiler social para personas afectadas por una ejecución hipotecaria.


En la normativa actual , el alquiler social, es una de las medidas de protección para los deudores hipotecarios que pierden su vivienda. Estas  facilidades para el alquiler, social, se concretan en dos ayudas:

1. Ayudas económicas al alquiler.

En primer lugar, se ha reconocido el derecho a obtener ayudas al alquiler. El Real Decreto-ley 6/2012 de 9 de marzo, otorga, en su artículo 13, a las personas que han sufrido el lanzamiento de su vivienda habitual como consecuencia de una ejecución hipotecaria, la posibilidad de acceder a las ayudas a los inquilinos, que prevé el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

El plazo para solicitarlo es de seis meses desde que se produjo el lanzamiento.

También pueden ser beneficiarios quienes han dado su vivienda en pago, y cumplan con los requisitos que establece el artículo 14.
2. Derecho de alquiler de la casa sobre la que recae la hipoteca y que es vivienda habitual.

En el apartado cuarto del anexo del Real Decreto-ley 6/2012 de 9 de marzo se recoge el derecho al deudor hipotecario, cuyo lanzamiento haya sido suspendido de conformidad con la Ley 1/2013, a obtener el alquiler de la vivienda de la que ha sido desahuciado.

Este derecho tiene unas limitaciones:

– El precio de alquiler de la vivienda será por una renta anual máxima del 3 por cien de su valor al tiempo de la aprobación del remate.
– Para conseguir este derecho, el ejecutado, deberá aportar una valoración certificada por un tasador, en el plazo de seis meses desde la suspensión del lanzamiento, o de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2017, si ya tenía ese derecho.
– El arrendamiento tendrá duración anual, prorrogable a voluntad del arrendatario, hasta completar el plazo de cinco años. Por mutuo acuerdo entre el ejecutado y el adjudicatario podrá prorrogarse anualmente durante cinco años adicionales.

Recordemos que para tener derecho a la suspensión de la ejecución hipotecaria debemos examinar el artículo 1 de la Ley 1/2013, que establece los límites y los requisitos.

Esta suspensión del lanzamiento, actualmente duraría hasta 15 de mayo de 2020. Tienen derecho a la suspensión, quienes estén en situación de especial vulnerabilidad.

Están obligados a admitirlo, las entidades financieras que se hayan adherido al código de buenas prácticas.

Hasta el fin de plazo, hasta el año 2020, puede solicitar también el alquiler social, por lo que es conveniente solicitarlo con antelación.
Los supuestos de especial vulnerabilidad a los que se refiere el apartado anterior son:

a) Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.
b) Unidad familiar monoparental con hijos a cargo.
c) Unidad familiar de la que forme parte un menor de edad.
d) Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.
e) Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo.
f) Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
g) Unidad familiar en la que exista una víctima de violencia de género.
h) El deudor mayor de 60 años.

Además deben darse unas situaciones económicas, que resumidas son:

– Relación concreta entre ingresos e IPREM
– Que, en los cuatro años anteriores, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.
– c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
– d) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma.

Administración local y corrupción


Trabajé un tiempo en la administración local y entre compañeros nos comentábamos las certezas, los rumores y los comentarios que sobre la corrupción discurrían por la provincia. Desde luego que existían, y existen, en todos los ámbitos de la Administración.

En muchos sitios se mete la pata, y en muchos también, se mete la mano.

Las prácticas irregulares dentro de la Administración Local, son difícilmente localizables, en tanto no dejan un rastro controlable. El único testimonio es el de los protagonistas, que quedan unidos como socios, tanto en el negocio, como en la responsabilidad. Por ello, muchas veces, estas actuaciones irregulares son impunes ante la Justicia.

En determinados casos la forma de proceder es sencilla, y es sencilla porque la Ley deja la puerta abierta a realizar actuaciones incorrectas.   Por ello, es muy fácil dificultar una buena parte de estas actuaciones.

Conocer la forma en que alguien puede conseguir rentabilidad al cargo público nos facilita la labor de reconocerlo y, en la medida de los posible, de dificultarlo o impedirlo. Para ello he plasmado experiencias que me han narrado algunos compañeros, familiares y amigos, y he seleccionado los que son de primera o segunda mano, donde se puede asegurar cierta verosimilitud.

Muestro únicamente el hecho, evitando dejar entrever lugares y personas.

LA CONTRATACIÓN.

La contratación administrativa es el sector donde el Secretario debe poner el mayor énfasis fiscalizador. El contrato menor y el contrato negociado otorgan un margen excesivamente amplio de actuación, por eso, más allá de las cantidades que lo permiten, no se debe tolerar el menor incumplimiento. De cara al futuro, se deberían modificar las normas para reducir al mínimo los ámbitos de arbitrariedad.

Con carácter general, en el sector privado, todo precio lleva incluido unos costes y un margen comercial. Vender algo tiene un coste, y puede ser grande o pequeño (viajes para convencer al cliente, material promocional, asesoramiento, descuentos para facilitar la operación, y.., comisiones para premiar a quien facilita el negocio). En el sector privado es normal y legítimo que alguien que ponga en contacto a dos personas que concluyen un acuerdo, pueda tener una remuneración, y está dentro de la figura jurídica del contrato de agencia, cuyo exponente más conocido es el del Agente de la Propiedad Inmobiliaria.

Sin embargo no es legítimo que quien deba perseguir la oferta más interesante para una persona jurídica, convierta lo que debe ser un descuento, en una comisión, u opte por una oferta menos ventajosa, por la única razón del beneficio particular. Los márgenes comerciales son variados y pueden llegar al 30% del coste total. Si una operación no se negocia, quien vende se está ahorrando un dinero, o quizá, alguien se está quedando con una cantidad a costa del Ayuntamiento.

Hay numerosos casos de este tipo, y cuando se llegan a conocer es por el testimonio de quien se ha visto obligado a pagar para contratar. Ya que no lo puede denunciar, pues comparte el delito con el comisionado, sí puede difundirlo de manera comedida.

Un compañero me comentó que un día se encontró con que su Alcalde le plantea un pleno extraordinario para la adjudicación de un contrato de obras. Sólo había una oferta, por 20.000.000 de las antiguas pesetas (los números redondos ya son sospechosos), y claro, había que adjudicarlo con mucha, mucha urgencia. Con el informe negativo se aprobó la contratación. Posteriormente un vecino le dijo que uno de los técnicos de la empresa, le había confesado que el precio de la obra era 19 + 1 (el millón – un 5% de la operación- se lo quedaba el Alcalde).

En otro caso, el Secretario, recién llegado observó que se estaban cambiando todas las luminarias de la población. Un día oyó como el instalador (ex – concejal del partido gobernante, de toda la vida) convencía al Alcalde diciéndole, “hace falta cambiarlas todas”. Las elecciones las perdió el equipo gobernante, y seguidamente llegó la factura por unos 90.000 euros, que se pagaron con informe negativo del secretario por falta de procedimiento de contratación, el día antes del cambio de corporación. Como ese contrato no se negoció el descuento, podéis hacer un simple cálculo. Un 10%, que es una comisión moderada, son 9.000 euros.

Un conocido que se dedica al arte, y tiene habilidad para esculpir, me comentó que le habían ofrecido hacer tres estatuas para una plaza de una localidad a 6.000.000 de pesetas cada una, si le daba una comisión al Concejal de Cultura del 10%. (en total 1.800.000 pesetas). Aquello no fraguó pero posteriormente, pude oír por la radio al concejal, hablar de las maravillas de sus estatuas, que se habían encargado al único artista local capaz de hacerlas…

A pequeña escala, también se dan casos, y que también pueden llegar a ser dolientes. Es fácil valorar un coche de primera o segunda mano, o un inmueble, pues es un mercado ágil y poco opaco, donde los precios se conocen fácilmente. También es fácil valorar artículos con precio de venta al público. Pero el precio de un profesional liberal, en donde influye bastante la experiencia, no. Tampoco es fácil valorar el precio de una obra, cuando ya se ha realizado. No se saben las horas que ha precisado de obra, si se ha metido arena u hormigón de una calidad o de otra, la pericia del albañil tiene también un precio.., y es relativamente fácil sortear las prevenciones legales.

Por ello, algún albañil me ha comentado que a veces los alcaldes le preguntan “¿Y para mí que queda?”. Otro me dijo que un Alcalde le dijo que si le hacía un descuento de 24.000 euros en una vivienda que vendía, no le faltarían las obras.

Los responsables de compras de los Ayuntamientos, disponen de muchas oportunidades. En un Ayuntamiento, el arquitecto, y algunos concejales estaban molestos con algunos precios de un proveedor del Ayuntamiento, con el que parecía tener buena relación el jefe de compras. A través de un amigo pidieron presupuesto para material, en cuantía idéntica a la de una factura llegada recientemente. El presupuesto a alguien a quien no conocían de nada, y con mayor coste de transporte, era un 15% más barato.

Otro momento en el que se da la situación es en la ejecución del contrato. Uno de los problemas de la contratación son las bajas temerarias, cuando una empresa oferta por un precio que no es posible cumplir. Posteriormente, durante la ejecución, pone sobre la mesa la existencia de aspectos no tenidos en cuenta, para rehacer el contrato, y subir el precio. Aparte de las relaciones “fraternales” que suelen existir entre los técnicos de la empresa y los de la Administración que debe controlar, es un fraude al resto de licitadores, que han realizado su trabajo correctamente. Todo el que haya trabajado en contratos, habrá observado estas situaciones.

EL URBANISMO Y LOS TÉCNICOS.

Otro sector sensible es el urbanismo, por las enormes plusvalías que puede generar, y por la importancia de la vivienda. El incumplimiento del régimen de incompatibilidades, o del deber de abstención, y el tráfico de influencias son problemas que se pueden presentar.

Si bien entre los técnicos hay unos estupendos profesionales, honrados y con muy buen criterio, también hay un porcentaje de técnicos sin ningún tipo de moral, que firman proyectos y a la vez los informan.

Me comentaron el caso de un arquitecto técnico que tuvo problemas con la justicia, y el Secretario me dijo que tuvo que certificar ciertos datos, y comprobó que llegó a firmar el 90% de los proyectos de obra mayor del municipio (A pesar de no tener la titulación). Tras firmarlos los informaba, sin ningún tipo de rubor. Quien no lo hacía con él, tenía abierta la vía contencioso administrativa, para recurrir una casi segura denegación. Según me dijo este compañero, un vecino le dijo que, en su momento, le preguntó al técnico: “¿Y cuántas plantas me puede construir?”, y éste le contestó: “Bueno, en principio…, tres”.

En otro caso, un conocido, se hizo una construcción bajo cubierta, que a pesar de estar prohibida, tuvo las bendiciones del Ayuntamiento. Para ello contrató como aparejador al que era asesor del Ayuntamiento, quien según me narró, tan sólo se pasó por la obra una vez: para cobrar…

En otros casos, disimulan un poco más, y usan otros profesionales que son los que firman los proyectos. Tengo un conocido que es Arquitecto, y opera en una importante capital. Le llegó un proyecto, para la construcción de unas viviendas en una conocida ciudad dormitorio de alto nivel. Sólo tenía una pega de las de no difícil solución. Sin embargo, el técnico les dijo a los promotores: “Este problema, sólo lo puede solucionar un estudio que yo conozco” (El de sus socios).

Posteriormente, este conocido mío tuvo que rehacer el proyecto, pues todos los cálculos de cotas y de estructura realizados por ese técnico estaban mal. Este técnico municipal tenía reconocida la compatibilidad y comparte su profesión con otros dos arquitectos municipales de localidades cercanas, y se reparten los proyectos de sus municipios. En su momento me dijeron que el Tribunal de Cuentas les llamó la atención, porque la compatibilidad se había otorgado incorrectamente.

En otro caso, un técnico me dijo de los problemas de una conocida cadena de grandes superficies, que quería poner uno de sus centros en una importante localidad de una importante provincia. Esta población necesitaba, por motivos electorales, urbanísticos y sociales el centro comercial, y dio todo tipo de facilidades, y ante ello, el encargado de la empresa se sorprendía e inquietaba por ser el primer ayuntamiento donde no tenía que asegurar la voluntad de nadie con un soborno.

EL RÉGIMEN DE AUTORIZACIONES

A veces la viabilidad de un negocio, depende de una autorización, o de varias. De ello puede depender que tarde poco o mucho, o que tarden años. Algo parecido hemos tratado hace un momento en relación al urbanismo.

En la línea de narrar anécdotas reales, un compañero, me comentaba los desvelos de su Alcalde porque una importante empresa energética que pensaba instalar un parque eólico en su término municipal, pusiese uno de esos molinos en su terreno. Si alguien no lo sabe, que te pongan un molino en tu terreno es una alegría económicamente hablando. En este caso, al alcalde le pusieron un molino en su terreno.

Otro compañero me contó el caso de la instalación de una antena de telefonía móvil. En los primeros años, quien primero instalaba una antena, conseguía una importante cuota de mercado en esa localidad. Los lugares elegidos, suelen ser zonas altas, cercanas al pueblo, y que no era extraño que estéticamente fueran contraproducentes, junto a ermitas, rompiendo la línea visual de la localidad. Este compañero, oyó al propietario de los terrenos, que la empresa instaladora pagó 12.000 euros. 6.000 a él, como propietario y 6.000 al Ayuntamiento… Aquí el problema es que el Ayuntamiento nunca ingresó 6.000 €.

EL CONTROL Y LA INSPECCIÓN

Una vez se ha autorizado algo, hay que comprobar que funciona tal y como se ha autorizado y como piden las leyes. A la administración, en principio, la inspección le viene grande. Es una labor poco reconocida y poco comprendida por la población, por lo que no es raro, que no exista quien esté encargado de desarrollarla. Pero existiendo, el funcionario o la autoridad pueden pedir o se les puede ofrecer un precio por ese silencio.

A veces estos expedientes sancionadores se inician y nunca se terminan.

Ese control también se debe extender al funcionamiento de los servicios que realizan las empresas. Se oferta desarrollar un servicio con unas características determinadas, a cambio de una determinada cantidad, y al final el servicio se realiza con unas características muy inferiores, que nadie controla.

¿Y EL PERSONAL DE LOS AYUNTAMIENTOS?

También de los funcionarios se conocen casos. Hubo un Secretario, que ya no lo es, que domicilió la participación en los tributos del Estado, en su cuenta particular… Hubo otro caso, de otro funcionario, que también dejó de serlo, que realizaba las liquidaciones de las plusvalías, y daba como número de cuenta, el suyo particular.

En otro caso, a un secretario, un vecino le pidió con urgencia un certificado. Cuando se lo entregó, sacó la cartera e hizo amago de ir a pagar con varios billetes. El Secretario le preguntó: “¿Oiga, pero vd. Qué hace?”, y el vecino le contestó: “El anterior secretario decía que para ir rápido, hacía falta pagar.”

CÓMO ACABA LA CORRUPCIÓN.

En muchos casos de los que he contado ha habido impunidad jurídica, política y personal.

Pero hay casos que no. Cuando un político inicia esta línea, tarde o temprano el rumor se extiende entre sus electores, quien tiene siempre la opción de dejar de votar. Otras veces, desde el mismo partido se pone orden (nada de tribunales claro): Se le dedica una calle al Alcalde, y se le aparta de la política.

EN QUÉ SE PUEDE MEJORAR.

MEDIOS DE CONTROL:

Quizá para concluir, debo realizar una valoración muy negativa de esta situación y de nuestra clase política, donde el Secretario que sea profesional y haga cumplir la ley, puede ser perseguido por sus concejales, tener que dejar su puesto de trabajo, mientras Administración Autonómica, o Estatal y partidos políticos miran para otro lado, porque ciertas actuaciones no son buenas o malas, per se, sino que sólo son buenas o malas si se conocen.

A veces es un contrasentido que la clase política apruebe leyes y reglamentos y la responsabilidad de cumplirla quede, casi exclusivamente, en manos del funcionario, quien debe pelear el cumplimiento de las normas, con la misma clase política, esta vez a nivel local.

Para quitar márgenes a la corrupción, la independencia del Secretario y del interventor debe estar garantizada, y los mecanismos de protección deben de estar previstos claramente en la legislación, y ser ágiles y automáticos. Esto hoy en día no pasa. Ante las presiones de una Corporación, el Secretario sólo cuenta con el art. 63 de la ley de Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, que es una declaración de intenciones sin ningún desarrollo reglamentario. En el caso de nosotros, los interinos, nos han restado una parte importante de independencia, al regular el nombramiento provisional de manera tan generosa, pudiendo conseguir el cese de un interino, consiguiendo el nombramiento de un funcionario de carrera.

Por otro lado los mecanismos de control externos deben ser también ágiles y eficaces. Difícilmente podemos convencer a nuestras autoridades de que debe hacer la contratación correctamente, cuando el Tribunal de Cuentas inspecciona con varios años de retraso los expedientes.   Como autónomo he tenido que atender periódicamente a la inspección de tributos.   Como funcionario, no conocí a nadie que hubiera recibido a un inspector del Tribunal de Cuentas.

Deben desarrollarse y realizarse controles, no sólo de legalidad, sino de eficacia y de cumplimiento de normas.

NORMAS

Las normas deben de ser completas para cumplir su finalidad. Hay normas conscientemente mal realizadas, con vías de escape para contratar a la empresa que se quiera, o para dar un informe en un sentido o en otro. No hay normas que obliguen a inspeccionar y a sancionar. Las normas de inspección y sanción deben ser generales, donde no quepan excepciones.

Los márgenes de los procedimientos negociados sin publicidad, y de los contratos menores, a fecha actual, son escandalosos.   Dejan la puerta abierta a corruptelas sencillas.

Necesidad de adoptar un acuerdo de la comunidad de propietarios para acudir a los tribunales como demandado.


Legitimación pasiva “ad causam” de las Comunidades de Propietarios.  Necesidad de acuerdo para litigar como demandado.

Las Comunidades de Propietarios pueden acudir a los tribunales como demandantes y como demandados.

El Tribunal Supremo, desde el 2011 ha establecido la jurisprudencia de que es preciso un acuerdo de la Comunidad de Propietarios para poder ejercer acciones judiciales frente a un vecino.

Sin embargo, también podemos plantearnos si es preciso un acuerdo en el caso de que la Comunidad de Propietarios es la demandada y tiene que acudir como tal al proceso.

Mi  criterio, sin ser un criterio rotundo y que se extienda a todos los supuestos, sería que sí es preciso obtener un acuerdo favorable de la Comunidad de Propietarios para acudir a los tribunales, y nombrar abogado y procurador.  Sin embargo, existe juridsprudencia en sentido contrario.

En apoyo de este criterio, podemos apoyarnos, en primer lugar  los términos de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en los casos en que la Comunidad debe actuar como Demandante.   En este sentido, la STS 6992/2011 de 10 de octubre, establece que:

TERCERO.- Legitimación activa del presidente para instar acciones judiciales en defensa de la  Comunidad de propietarios. Se precisa de acuerdo adoptado válidamente en Junta de Propietarios.

 A)La doctrina jurisprudencial pese a no desconocer que el presidente de la  comunidad de  propietarios asume la representación orgánica de la  comunidad declara que la actuación del presidente en defensa de aquella ha de autorizarse a través de un acuerdo adoptado válidamente en el ámbito de las competencias de la comunidad, ya que de conformidad con el artículo 13.5 de la LPH es a la Junta de Propietarios a la que corresponde «conocer y decidir en los demás asuntos de interés general para la Comunidad acordando las medidas necesarias o convenientes para el mejor servicio de la comunidad. Asimismo la jurisprudencia es clara cuando exige que el acuerdo para actuar en juicio en defensa de los intereses de la  Comunidad es requisito indispensable atribuido a la Junta de  Propietarios (SSTS 11 de diciembre de 2000 [RC 3429/1995 ], 6 de marzo de 2000 [RC 1726/1995 ], 23 de diciembre de 2005 [RC 1844/1999]).

 B) Por lo expuesto, se declara como doctrina jurisprudencial la necesidad de un previo acuerdo de la junta de propietarios que autorice expresamente al presidente de la comunidad para ejercitar acciones judiciales en defensa de esta.

     Argumentación que es también transmisible a los casos en que la Comunidad sea la Demandada.

Esta argumentación del Tribunal Supremo, también se puede encontrar STS 2143/2012 DE 27 de marzo “La representación de la Comunidad en juicio y fuera de él del Presidente no tiene un contenido “en blanco”, de tal forma que esa representación sirva para legitimarle en cualquiera de sus actuaciones. Es la Junta de Propietarios la que acuerda lo conveniente a sus intereses y el Presidente ejecuta; su voluntad no suple, corrige o anula la de la Junta» (STS de 20 de octubre de 2004 [RC n.º 2655/1998]”

En el mismo sentido, y  entre otras, la STS 858/2014 de 19 de febrero:

 Aunque la Ley de Propiedad Horizontal únicamente exige de modo expreso el acuerdo previo para que el presidente pueda ejercitar acciones judiciales en defensa de la Comunidad de  propietarios en los supuestos concretos de acción de cesación de actividades prohibidas por los estatutos que resulten dañosas para la finca (artículo 7.2 LPH) y de reclamación de cuotas impagadas ( artículo 21LPH), no resulta razonable sostener que la facultad de representación que se atribuye de modo genérico al presidente le permita decidir unilateralmente sobre asuntos importantes para la  comunidad. ( STS 10/10/11 , 27/03/12)”

 En segundo lugar, he podido localizar una sentencia que recoge también estos argumentos, aunque al final no lo aplica en la sentencia al caso.   Es la SAP BI 1876/2013 de 24 de junio:

Por ello y siendo doctrina jurisprudencial declarada como tal en sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2.011 que es necesaria la existencia de un previo acuerdo de la Junta de propietarios que autorice expresamente al presidente de la Comunidad para ejercitar acciones judiciales en defensa de ésta, en aplicación de la doctrina expuesta en anteriores sentencias de 11 de diciembre de 2.000, 6 de marzo de 2.000 y 23 de diciembre de 2.005 , hay que convenir con la parte actora apelante que debe  apreciarse la falta de  legitimación pasiva de la Comunidad de propietarios demandada para contestar a la demanda, pues aunque ciertamente la referida sentencia de 10 de octubre de 2.011 , que sentó y declaró doctrina jurisprudencial al respecto, se refiere a un supuesto de falta de legitimación activa del Presidente de una Comunidad para formular demanda en defensa de la Comunidad de propietarios, mientras que aquí la legitimación se examina en relación con la contestación, no es menos cierto que en dicha sentencia se declara como doctrina jurisprudencial “la necesidad de un previo acuerdo de la Junta de propietarios que autorice expresamente al presidente de la Comunidad para ejercitar acciones judiciales en defensa de ésta” y defender a la Comunidad , engloba lógicamente contestar a la demanda, pues esta actuación es genuinamente defensiva de los intereses de la Comunidad, por lo cual resulta de todo punto razonable contar con un previo acuerdo comunitario que respalde tal actuación, especialmente si se tiene en cuenta que para contestar a la demanda hay que precisar previamente los términos de tal defensa y designar profesionales – abogado y procurador- para llevar a cabo tal cometido, actuaciones éstas que por su trascendencia exceden de las genéricamente atribuidas al Presidente de la Comunidad en el artículo 13.3 de la Ley de Propiedad Horizontal , definidas como “ostentar la representación de la Comunidad en juicio y fuera de él, en todos los asuntos que la afecten”, no resultando argumento aceptable el expuesto por la representación de la Comunidad demandada relativa a los plazos escasos para contestar y a la obligatoriedad de defender los acuerdos tomados por la Junta, porque en primer lugar, contestar a la demanda implica una actuación positiva y que necesariamente acarrea la necesidad de designación de profesionales al efecto para ejercitar tal defensa y que no había sido contemplada al tomarse el acuerdo impugnado, lo cual tiene una indudable carga económica y en segundo lugar, ante la eventualidad de tener que contestar a la demanda, se abre un abanico de posibilidades, tales como no contestar y constituirse en rebeldía , allanarse o contestar a la demanda, etc. que ciertamente exceden de lo previsto en el artículo 13.3 de la LPH , todo lo cual conduce a estimar fundadamente que como preconizaba la parte actora en el supuesto que se analiza el Presidente de la Comunidad carecía de legitimación para actuar en representación de la Comunidad.”

Quizá podríamos establecer la excepción de reclamaciones de escasa cuantía o  donde haya acuerdos previos que legitimen inequívocamente la voluntad de la comunidad.  Sin embargo, no es un tema resuelto expresamente por la jurisprudencia y conviene tener cautela cuando  la Comunidad de Propietarios acuda a los tribunales como demandada.

La Jurisprudencia para ir en otra dirección.   La SAP Barcelona de 25 de enero de 2012, se apoya en el poder de representación del Presidente, en juicio y fuera de él, y considera que en el caso enjuiciado no era preciso acuerdo, ya que se trataba de una deuda reclamada, a la que ya se había opuesto la Comunidad previamente.  De otro lado, se tomaba en cuenta los plazos cortos.  La falta de información a la Comunidad podía haberse suplido con una convocatoria por parte del resto de propietarios.

La SAP Madrid de fecha 16 de octubre de 2009, se apoya también en la facultad de representación y en los plazos perentorios y excusa la falta de acuerdo, cuando no haya oposión expresa de los propietarios y sin perjuicio de dar cuenta a la Junta de la operación realizada.

Requisitos para acceder a los beneficios del código de buenas prácticas con la banca


Las  medidas, para acceder a los beneficios del código de buenas prácticas,  más atractivas que se han regulado en favor de los deudores hipotecarios las podemos dividir en dos:

A. – Código de buenas prácticas con reestructuración de la deuda, quita y dación en pago.

B.  – Suspensión de lanzamiento de los deudores hipotecarios.

   Inicialmente escrito parecen medidas satisfactorias.   Sin embargo, una vez analizadas, y contrastadas con la realidad diaria, se muestran muy insuficientes, porque tienen un alcance limitado, o muy limitado, como he podido observar en Almansa.

A.   El código de buenas prácticas ha sido adoptado por un importante número de entidades financieras españolas.   Sin embargo, su aplicación no es sencilla y está lejos de ser de aplicación general.   Las normas que lo han regulado, han sido las siguientes: Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y  el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.   Estas normas han establecido unos límites para su aplicación, que no lo convierte en unas medidas de extensión general, ni una panacea para las situaciones que se han generado en los últimos años.

Vamos a analizar los requisitos, que cualquier persona, y en concreto en una localidad pequeña, como puede ser Almansa, debe cumplir para poder beneficiarse de este código:

1.   Préstamo + hipoteca sobre vivienda habitual.   Ser deudor de un crédito o préstamo que se garantice con una hipoteca sobre la vivienda habitual.

2.   Ingresos.    Los ingresos de la unidad familiar  deben ser inferiores a 3 veces el IPREM, que en el año 2015 es de 7.455,14 euros/año, y su triple:  22.365,42 €.    Esta es la regla general, pero ese límite puede ser más amplio, cuando una de las personas de la unidad familiar sufra algún tipo de discapacidad, incapacidad laboral o dependencia.

3.   Alteración de las condiciones económicas o circunstancias de especial vulnerabilidad.     Estas situaciones se deben haber producido en los últimos cuatro años.   Alteración de las condiciones económicas, supone que la relación ingresos – carga hipotecaria se haya modificado, aumentando la carga hipotecaria en un 1,5.

En cuanto a las situaciones de vulnerabilidad, serían las siguientes:

1.º La familia numerosa, al menos 3 hijos.

2.º  Un único padre, con dos hijos a cargo.

3.º La unidad familiar (monoparental o no, familia numerosa o no) de la que forme parte un menor de tres años.    Son unos límites, que dejan fuera situaciones dolorosas.   ¿Acaso será diferente cuando el niño tenga 4 años?

4.º La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente, de forma acreditada, para realizar una actividad laboral.

5.º El deudor mayor de 60 años, aunque no reúna los requisitos para ser considerado unidad familiar según lo previsto en la letra a) de este número.

4.   Relación de la cuota hipotecaria – ingresos netos.   La cuota hipotecaria debe ser superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Dicho porcentaje puede descender en casos de incapacidad laboral, discapacidad, dependencia o enfermedad.

5.   Valor de la vivienda objeto de la hipoteca.

Estas normas quieren aplicarse a viviendas que no sean de lujo o suntuosas.
Para ello, habrá que conocer en primer lugar, el precio que se pagó por la vivienda.   Miren en la escritura.
En segundo lugar, el precio de la vivienda según el Índice de Precios de la Vivienda elaborado por el Ministerio de Fomento y el año de adquisición.  Multipliquen los metros cuadrados por los precios señalados.
El precio de la vivienda en escritura, no debe superar en un 20% el valor de la vivienda.  Este cálculo se realiza según los datos del Ministerio de Fomento, ni superar el precio de 300.000 euros.  Si es para la dación en pago, el precio de la vivienda no puede superar el precio según los datos del Ministerio, ni de 250.000 €.

    Si cumple estos requisitos, se considerará que está incluido en el “umbral de exclusión”.  En este caso y si  no se ha iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria, o estando en este no se ha producido aún el anuncio de la subasta,  podrá pedir la reestructuración de la deuda (ampliación del plazo de pago, carencia en la amortización del capital, reducción del tipo de interés o reunificación de deudas).  Los intereses moratorios serán más bajos.

    En el caso de que pretenda llegar  a la dación en pago  o a la quita de la deuda, deberá cumplir otros requisitos adicionales:

Con carácter general:

  • a) Que todos los miembros de la unidad familiar carezcan de otros bienes o derechos patrimoniales suficientes para afrontar la deuda.
  • b) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor o deudores y concedido para la adquisición de la misma.
  • c) Que se trate de un crédito o préstamo sin otras garantías, reales o personales o, en el caso de existir estas últimas, que carezca de otros bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda.
  • d) En el caso de que existan codeudores (avalistas, por ejemplo) que no formen parte de la unidad familiar, deberán estar incluidos en las circunstancias a), b) y c) anteriores.

– Para tener derecho a una quita (reducción de la deuda)

Que el plan de reestructuración previsto  resulte inviable dada su situación económico financiera, se entiende por plan de reestructuración inviable aquel que establezca una cuota hipotecaria mensual superior al 60 por cien de los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar.

– Para tener derecho a la dación en pago.

No deben de haber sido suficientes las dos opciones anteriores.

B.   Suspensión de los deshaucios.   hasta 2017.   serían casi los mismos requisitos, pero es más extensa la consideración de los supuestos de especial vunerabilidad, pues se añaden los siguientes supuestos:

– Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.

– Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género y la vivienda objeto de lanzamiento constituya su domicilio habitual.

No existe limitación en cuanto al valor del inmueble.

Resoluciones de los tribunales: Sentencias, autos y providencias. Diligencias y decretos. Recursos frente a los mismos


En la vida diaria judicial, nos encontramos con resoluciones que adoptan diferentes nombres:   providencias, autos y sentencias, y son dictadas por jueces y tribunales, y los decretos y diligencias de ordenación, que resuelven los secretarios judiciales.

Si queremos conocer las diferencias entre unos términos y otros, tenemos que acudir al artículo 206 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y al artículo 245 de la LOPJ.   A lo largo del procedimiento, se dictan una serie de resoluciones.   La más importante, la que pondrá fin al procedimiento y resolverá el objeto del procedimiento, será la sentencia.   Para llegar a ella, habrá otras resoluciones, las meramente procesales, serán las providencias, y un escalón más arriba, para las decisiones de mayor trascendencia estarán los autos.

Las providencias se refieren a cuestiones procesales, que requieren decisión judicial, que no se deciden expresamente por auto.   Ordenan el procedimiento.

Los autos, deciden una serie de cuestiones expresamente previstas en el artículo 206. 2 de la LEC:  decisiones de recursos contra providencias o decretos, admisión o inadmisión de demandas y reconvenciones, acumulación de acciones, admisión de prueba, transacciones, medidas cautelares…

Por último, las sentencias.   Ponen fin al procedimiento, una vez concluida la tramitación ordinaria.   También con ella se resuelven los recursos extraordinarios y los procedimientos para la revisión de sentencias firmes.

Los Secretarios Judiciales adoptan resoluciones, que son diligencias y decretos.   Las diligencias de ordenación ejecutan los autos, los llevan a efecto.    Los Decretos se dictan cuando se admita la demanda o se concluya en los supuestos en que tiene competencia exclusiva el Secretario.

Cada una de ellas podrá ser recurrida por una de las modalidades previstas.   El recurso de reposición se presenta frente a las diligencias y decretos no definitivos de los Secretarios, y providencias y autos no definitivos de jueces y tribunales.

El Recurso de revisión procede contra los Decretos que ponen fin al procedimiento o impiden la continuación.    Los recursos contra sentencias se regulan en los capitulos III y ss del título IV de la lec.

Contador de la luz estropeado y factura abultada, ¿Qué hacer?


Recientemente he tenido que estudiar y defender a alguien que habría sufrido una factura de una importante empresa eléctrica, de cuantía muy elevada, porque el contador estaba averiado.

El contador de la luz se había roto, y la facturación complementaria de un año se pasó de una sola vez.   La factura no explicaba nada, no tenia más contenido que una factura normal, ni siquiera hacía referencia a su carácter complementario o a la causa de ese carácter complementario.   Como el cliente, yo me quedé descolocado una semana pensando como poder atacar esta factura.

Un primer requisito de estas facturas complementarias cuando el contador de la luz se ha roto, es que sólo se puede facturar un año atrás, no más.   En este caso, esta importante empresa eléctrica facturaba 3 meses de más.

En las peleas con las eléctricas, debes de tener a mano, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y aquí su artículo 96, que dice:

“Artículo 96. Comprobación de los equipos de medida y control.
(…)
2. En el caso de comprobarse un funcionamiento incorrecto, se procederá a efectuar una refacturación complementaria. 

Si se hubieran facturado cantidades inferiores a las debidas, la diferencia a efectos de pago podrá ser prorrateada en tantas facturas mensuales como meses transcurrieron en el error, sin que pueda exceder el aplazamiento ni el periodo a rectificar de un año.

Es decir pone un año como máximo (no como cantidad fija como sucede en el articulo 86) pero es que ademas habla de que el error está cuantificado en el tiempo aludiendo a que se mide desde que se tiene constancia del error y si es mas de un año es este periodo el máximo que se puede reclamar.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias – Las Palmas 209/2004 (Sala de lo Contencioso-Administrativo; Sección 2ª; fecha 14 mayo 2004), establece:

“El articulo 96 del R.D. 1955/2000 , reconoce un derecho -bien a favor del consumidor o del distribuidor de la energía-, para el cobro de la cantidad que debe ser reintegrada, por error técnico, a la empresa distribuidora por el abonado y que consistirá en la diferencia entre la satisfecha y la que se debió de pagar por la energía facturada, sin que pueda exceder del periodo de un año,  plazo que es independiente del de prescripción y que se cita por la norma reguladora de la distribución de la energía eléctrica para fijar la cantidad que puede solicitarse -en este supuesto- por la empresa distribuidora; mientras que la finalidad del plazo del articulo 1996 del Código Civil es solamente señalar un limite a las pretensiones que las partes puedan deducir y no a los derechos que las afecten, por lo que el plazo de 5 meses alegados por la parte actora no puede ser tomado en consideración para señalar la cantidad a abonar como consecuencia de anomalías en el equipo de medida.”

Esta Sentencia, que es coincidente con otra previa, desestima  el recurso interpuesto por una empresa distribuidora contra una Resolución de la Administración de las Islas Canarias que, en un caso de funcionamiento incorrecto de un contador, establecía expresamente, al amparo del precepto citado, dicho límite temporal de un año.

Esta limitación de refacturar ha sido también reconocida por la Comisión Nacional de la Energía en su informe 5/2012, citando la sentencia anterior.

Prorrateo de la nueva factura.   Como subrayo, yo entiendo que las nuevas cuantías deben venir prorrateadas en tantas facturas mensuales como meses transcurrieron en el error.

Como ya hemos citado el artículo 96.2 establece que “Si se hubieran facturado cantidades inferiores a las debidas, la diferencia a efectos de pago podrá ser prorrateada en tantas facturas mensuales como meses transcurrieron en el error

Precepto que debe interpretarse como que la empresa tiene derecho a corregir las facturas, pero con la limitación del año, y que se repartirán, se prorratearan en tantas facturas mensuales como meses transcurrieron en el error.   El precepto no dice que la empresa podrá prorratear o no a su elección.   Tiene derecho a pasar la nueva facturación, pero prorrateándola.

La finalidad del precepto es que el consumidor no se encuentre con la facturación complementaria de un año en una única factura.   Esta interpretación no la he podido corroborar con alguna sentencia, pero, tiene su sentido.

Un segundo aspecto es la cuantía a facturar cuando el contador se ha roto o estropeado, de no existir criterio objetivo para girar la facturación en estos supuestos, la empresa distribuidora la girará facturando un importe correspondiente al producto de la potencia contratada, o que se hubiese debido contratar, por seis horas de utilización diarias durante un año, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que se puedan interponer.

En este caso, como ya hemos indicado el contador estaba roto, y la empresa comercializadora realizó una facturación complementaria.    La nueva facturación debe poder ser interpretada por el consumidor, y por los operadores jurídicos para poder ser tramitada correctamente.

Para casos similares, aplicando analógicamente, el Real Decreto 955/2000 prevé la posibilidad de facturar en su artículo 87 con los siguientes criterios:

“De no existir criterio objetivo para girar la facturación en estos supuestos, la empresa distribuidora la girará facturando un importe correspondiente al producto de la potencia contratada, o que se hubiese debido contratar, por seis horas de utilización diarias durante un año, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que se puedan interponer.”

¿Contra quién reclamar?   En este supuesto, se debe reclamar ante la Consejería de Industria de la Comunidad Autónoma.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica

Artículo 98. Reclamaciones.

Las reclamaciones o discrepancias que se susciten en relación con el contrato de suministro a tarifa, o de acceso a las redes, o con las facturaciones derivadas de los mismos serán resueltas administrativamente por el órgano competente en materia de energía de la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla, en cuyo territorio se efectúe el suministro, independientemente de las actuaciones en vía jurisdiccional que pudieran producirse a instancia de cualquiera de las partes, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional undécima. Tercero de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

Opositar a Secretario – Interventor de la Administración Local


Hace años oposité a la Administración Local, en concreto a Secretario – Interventor o Secretario, categoría de entrada.    Cuento mi experiencia para quien le pueda servir.

Para empezar, oposiciones.  A diferencia de otras oposiciones, en Secretaría – Intervención, y Secretaría, las oposiciones no siguen una cadencia de convocatorias previsible.   Para Judicaturas, Secretarios de Juzgado, Fiscalía, Notarías, Fuerzas de Seguridad.., las convocatorias se realizan periódicamente, cada año, dos años.., por pocas que sean las plazas.   No pasa lo mismo en la Administración local.    No se puede prever cuándo se convocan, ni cuántas plazas serán las que haya que proveer.    Por lo tanto, siempre recomiendo, con cualquier oposición, y con estas en concreto, una labor de investigación.  Investigación dirigida a conocer  cuándo se prevén realizar las convocatorias.   Incluso, es positivo llamar a la Dirección General de la Administración Local para preguntar.  También podéis llamar a los Colegios de Funcionarios con Habilitación Nacional.   Las academias, a pesar de su importancia y ayuda, son parte interesadas y os dirán que se esperan en breve.

En mi caso, empecé a preparar y salió en seguida la oposición, me examiné sin llegar al año, y no pasé.   La siguiente convocatoria fue cuatro años después, con sólo 35 plazas para toda España, 5 para mi Comunidad Autónoma.  6 años después convocaron 1000 plazas en tres años.      Siempre las oposiciones a Intervención – Tesorería tienen una periodicidad más estable que las de Secretaría.

En segundo lugar, ejercer la profesión.  ¿Merece la pena ser Secretario – Interventor, o Secretario o Interventor?

Hay pros y contras.    Los pros.   Estás metido en la vida del pueblo, en el meollo de la vida política, conoces mucha gente, aprendes mucho a nivel personal y a nivel profesional.   De mi trabajo guardo estima y amistad por un buen número de funcionarios, algún político y algún vecino.    Una cierta valentía ante cualquier situación y a veces un poco de carácter, te cambia el carácter, más aguerrido, más trabajador, y también se encuentran casos de hasta más inestable.

Los contras.    Avanzo, que recuerdo que un secretario de muchos años de ejercicio me decía que de su promoción quedaban 8 en ejercicio, el resto habían buscado otros caminos.   No es raro ver a secretarios sortear las incompatibilidades para ejercer como abogados, o en asesorías, o buscar puestos en las Comunidades Autónomas.  He oído casos de ponerse una tienda de ropa, de dejarselo por depresión.    Es decir, si la gente se va, es porque las contras existen, y son poderosas.

En primer lugar, la responsabilidad, en todos los órdenes.   Responsabilidad penal.    El secretario tiene firma y la usa muchas veces.    Informa y certifica, e informar y certificar tiene responsabilidad penal.    Pongamos ejemplos.   Una situación muy habitual se da con los certificados.   En las subvenciones es habitual que se solicite a la terminación de la actuación justificada, un certificado del Secretario justificando la terminación y aplicación de los fondos al destino perseguido.    No es raro encontrarse con que a la obra  le queda.., los últimos retoques, o la obra entera, y 50.000 € dependen, no del buen hacer del concejal de terminar las obras a tiempo, sino de la firma del Secretario, diciendo que se ha terminado a tiempo algo que aún está a medias.   La pena por falsificación de documento público es de 3 a 6 años, y existe un riesgo de entrar en prisión.    Es una pena alta, para un comportamiento que puede parecer pequeño.

Responsabilidad patrimonial.    También las subvenciones, hay que tramitarlas, seguir los plazos, que debería corresponder a los concejales, pero que se desentienden tras la petición.   Yo me llegué a juntar con 30 expedientes de subvenciones al año.   Había subvenciones de 1.000, de 6.000, 15.000 o 100.000 €.    En el mercado no es fácil, por no decir que es imposible, encontrar un seguro que cubra el riesgo patrimonial de un Secretario.   Los Colegios de Secretarios sí los han conseguido, recientemente.   Fuera de los Colegios, es difícil.

Responsabilidad en general.   Debes conseguir que todos los meses haya dinero para pagar las nóminas (algunas veces cuesta), para pagar las facturas, presentar las liquidaciones, presupuestos y cuentas generales en plazo.

Os puedo asegurar que estas responsabilidades, pesan.

Por otro lado, la dificultad.     En los pequeños por pequeños y en los grandes por grandes, se requiere  conocimientos amplios, los necesarios para gestionar un Ayuntamiento.   En un Ayuntamiento pequeñito, un licenciado en Derecho deberá llevar la contabilidad, con su programa informático, los presupuestos, la intervención, el programa de registros de entrada y salida, el del padrón, las declaraciones trimestrales del IVA e IRPF, los tributos y lo que pueda caer de jurídico, que en pueblos pequeños es mínimo.    Igual dificultad tendrá alguien que haya estudiado alguna rama económica o Ciencias políticas.

En los más grandes, algunas de estas actuaciones las llevaran los auxiliares y administrativos, pero, por experiencia, da muchas más garantías saber de todos estos temas, y mostrar autoridad entre los compañeros.    En algún Ayuntamiento se puede ver al Secretario, llevando las nóminas y seguros sociales o la recaudación (con sus programas informáticos), porque “siempre lo ha llevado el secretario”.   La primera vez que te enfrentas a un programa informático, a la presentación de liquidaciones de impuestos, o a la contabilidad, lo pasas mal.   En los más grandes, las dificultades seran jurídicas y económicas:

Urbanismo.
Recaudación.
Presupuestos de mucho dinero,
Contabilidades con muchos apuntes y dificultades añadidas.
Ttramitación y seguimiento de subvenciones.
Contratos.
Patrimonio.
Sanciones.
Contenciosos – administrativos.
Personal.
Iimpuestos…

Para evitar responsabilidades, es importante tenerlo muy bien estudiado.    No es raro tener que pelear en los juzgados y tribunales por recursos que ponen particulares, empleados u otras administraciones.     Cuando la sentencia es favorable, no pasa nada, pero cuando el Ayuntamiento pierde, todas las caras se giran para el secretario….

Relaciones personales.   El Secretario está muy cerca de los políticos, que a veces se ganan la fama a pulso.    Les ves de cerca, lo bueno, y lo malo, y  los intereses son, muchas veces, encontrados.    El Secretario es un empleado, tiene encima un político que le nombra o cesa, le pone el sueldo, los objetivos y le dice cuando se va de vacaciones o de curso de formación.   Por otro lado, el Secretario dice qué se puede hacer y qué no, desde un punto de vista jurídico o económico, conoce los secretos y tapujos del Ayuntamiento y puede poner al Ayuntamiento a máxima velocidad o mínima.   Tanto políticos como Secretarios – interventores, tienen su parcela de poder y a veces pelean entre ellos, con resultados negativos para uno de ellos o para ambos.   He conocido a secretarios que han salido a la carrera de sus ayuntamientos, y a políticos que han acabado ante los tribunales, por los informes que les han dejado sus secretarios.    La relación no es fácil, y de pocos políticos puedo decir que he sido amigo.  Ha podido haber respeto, buena relación, pero también enemistad y malas relaciones.

Si la relación con el equipo de gobierno no es fácil, tampoco lo es con la oposición, que no conocerá los pulsos secretario – alcalde.   La oposición suele ver al secretario desde su faceta de gestor del equipo de gobierno, y cercano a este.

Con los compañeros pueden darse todo tipo de relaciones, en mi caso las he tenido muy buenas, y muy malas.   El Secretario es un funcionario aparte, que va y viene, con el mayor sueldo, normalmente;  dice qué debe cobrar cada uno (lo que dice el BOE y en parte los políticos), y normalmente, el del grupo superior.   Es fácil que se le vea como alguien aparte.

Hay otras relaciones especiales.   Las propias con el resto de secretarios.   Suele haber una distancia e incluso enemistad entre interinos y de carrera (más de algunos de carrera hacia los interinos), y a veces entre funcionarios de carrera, en la pugna por los mejores puestos.    Otras veces las relaciones son buenas, hay personas estupendas y estupendos profesionales.   Mantengo relaciones y muy buenos recuerdos de compañeros.

Con los vecinos, también podemos tener problemas, según les conozcas cuando les digas que no, o cuando les digas que sí.    En algunos casos, no me han saludado, o le han retirado el saludo a mi mujer, y hasta he tenido algún rallón en el coche.

Movilidad.   Es muy extraño, por no decir casi imposible encontrar un secretario que haya ejercido toda su carrera en un municipio.   Por todos los problemas anteriores, no es raro que el funcionario busque un cambio, o que los políticos le empujen a moverse.    El problema es que a veces moverse no es sencillo, o moverse a mejor, no es sencillo.    Algunas provincias tienen muchas plazas disponibles, y en otras se cuentan con los dedos de la mano.   Cambiar significa irse lejos, o irse a peor (menos sueldo, más conflictividad).   En los puestos de Ayuntamientos grandes, suele exisitir la libre designación como método de provisión de los puestos, pero también son puestos de libre remoción.    En una provincia rural, pueden existir 3 o 4 puestos de este tipo (secretarías de clase primera, o clase segunda).  En estos casos, es raro que esten libres, y cambiar de puesto supone, irse de provincia, cambiar a los hijos de cole, cambiar de casa, de amigos…

Sueldo de un Secetario – Interventor.   Depende cómo se quiera ver, el sueldo puede ser bueno o malo.   Se procura que siempre sea el que más gane, pero hay veces en que no es así.   Incluso,  siendo el que más gana en el Ayuntamiento, la diferencia de sueldo es pequeña.   Sin embargo,  la diferencia en responsabilidad y dificultad es grande.  Yo a veces me sentí mal pagado, en comparación con compañeros, que ganaban poco menos, y tenían puestos mucho más cómodos.

Cómo algunos llegáis a esta página buscando el sueldo, voy a realizar un pequeño cálculo.    Para calcular el sueldo de un funcionario hay que acudir a las normas de presupuestos y retribuciones que anualmente se publican en el BOE.   Por ejemplo, para el año 2016.   Los interventores, y Secretarios son grupoA, subgrupo A1, los secretarios-interventores son grupo A, subgrupo A2.

Pongamos ejemplo de un secretario – interventor, grupo A, subgrupo A2, año 2016:

Retribuciones básicas:

  1. Sueldo mensual A2  968,57 €
  2. Trienios.  Caso de tener trienios, por cada trienio 35,12 € al mes
  3.  paga extra (dos al año):  706,38  €

Retribuciones complementarias:

  1. Complemento de destino.
    Subgrupo A2 tiene un complemento de destino del 16, como mínimo al 26, como máximo (art.  71 Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo)
    Complemento de Destino, 16:  353,43 €.   Complemento de Destino 26:   705,19 €
  2. Complemento específico.
    Lo pone el Ayuntamiento, y va a variar de uno a otro.
  3. Complemento de productividad.   No puede ser periódico, aunque a veces lo convierten en periódico.

Para tener una idea, en el caso que menos cobre, serían 968,57 € + 353,43 = 1.322 €, antes de impuestos y deducciones.    Hay Ayuntamientos con este sueldo.   Ayuntamientos pequeñitos o agrupaciones con pocos recursos.

En el caso que más cobre, va a depender de las retribuciones complementarias.   En algunos casos se llegará a superar los 2.000 € netos.   Hay pugna por estos puestos.

Bueno, yo tenía una vocación de servicio público, y creía que esta profesión me enamoraría.  Esperaba una vida idílica en algún lugar pequeño.   Y aunque tengo algunos buenos recuerdos.., no la recomiendo.   Pore llo quería dar un pantallazo de aquellos aspectos que no se ven a primera vista, a quienes queréis tomar decisiones para el futuro.

Ejemplo de cálculo del embargo de salarios. Deudas hipotecarias y no hipotecarias


El embargo de salarios lo puede solicitar la Administración Tributaria o la Administración Judicial.   En ambos casos,  la regulación que debemos utilizar es la Ley de Enjuicimiento Civil, cuyo artículo reproduzco al final de la página.

Debemos tener en cuenta también el salario mínimo interprofesional del año en curso.   Para el 2015, la cuantía mensual es de 648, 60 €.

En una primera aproximación, para calcular el embargo, habría que dividir el salario neto por mes, entre el salario mínimo interprofesional y ver cuántos tramos nos resultan.   Cada tramo tendrá una cantidad embargable.   Por ejemplo, Si nos queda 2, el primer tramo es inembargable, del 2º tramo el 30% y del tercer tramo, el 50%.

1.  Persona embargada por deudas que NO son derivadas de la EJECUCIÓN HIPOTECARIA de su vivienda habitual:

Aquí abajo ponemos una tabla de una persona con un salario alto de 3891,60 €, para que veaís todos los tramos.

tramo % embargable total embargado total cobrado
tramo 1 hasta 648,60 € 648,60 € inembargable 0 648,60 €
tramo 2 hasta 1.297,20 € 648,60 € 30% 194,58 € 454,02 €
tramo 3 hasta 1.945,80 € 648,60 € 50% 324,30 € 324,30 €
tramo 4 hasta 2.594,40 € 648,60 € 60% 389,16 € 259,44 €
tramo 5 hasta 3.243,00 € 648,60 € 75% 486,45 € 162,15 €
tramo 6 cuantía superior cuantía superior 648,60 € 90% 583,74 € 64,86 €
total 1.978,23 € 1.913,37 €

Ahora una persona con un salario de 1600 €

dividendo cociente
salario 1.600,00 € 648,6 2,47 €
tramo % embargable total embargado total cobrado
tramo 1 hasta 648,60 € 648,60 € inembargable 0 648,60 €
tramo 2 hasta 1.297,20 € 648,60 € 30% 194,58 € 454,02 €
tramo 3 hasta 1.945,80 € 302,80 € 50% 151,40 € 151,40 €
tramo 4 hasta 2.594,40 € 60% 0,00 € 0,00 €
tramo 5 hasta 3.243,00 € 75% 0,00 € 0,00 €
tramo 6 cuantía superior cuantía superior 90% 0,00 € 0,00 €
total 345,98 € 1.254,02 € 1.600,00 €

Este ejemplo sobre alguien que cobre 1000 €

dividendo cociente
salario 1.000,00 € 648,6 1,54 €
tramo % embargable total embargado total cobrado
tramo 1 hasta 648,60 € 648,60 € inembargable 0 648,60 €
tramo 2 hasta 1.297,20 € 351,40 € 30% 105,42 € 245,98 €
tramo 3 hasta 1.945,80 € 50% 0,00 € 0,00 €
tramo 4 hasta 2.594,40 € 60% 0,00 € 0,00 €
tramo 5 hasta 3.243,00 € 75% 0,00 € 0,00 €
tramo 6 cuantía superior cuantía superior 90% 0,00 € 0,00 €
total 105,42 € 894,58 € 1.000,00 €

A tener en cuenta:

– Si hay más salarios, se juntan todos, y se realiza el cálculo sobre el total.

– También se incluyen los salarios del cónyuge cuando no tiene separación de bienes.

– Si tiene cargas financieras, los porcentajes se pueden reducir entre un 10% y un 15%.

1.  Persona embargada por deudas que derivan de la EJECUCIÓN HIPOTECARIA de su vivienda habitual:

Aquí ponemos un ejemplo igual al primer caso.  3891,60 €.   La cuantía inembargable se eleva un 50%.   La cantidad embargada será inferior.

embargados por ejecución hipotecaria.   Sin cargas familiares
salario 3.891,60 € 972,9 4
tramo % embargable total embargado total cobrado
tramo 1 hasta 972,90 € 972,90 € inembargable 0 972,90 €
tramo 2 hasta 1.945,80 € 972,90 € 30% 291,87 € 681,03 €
tramo 3 hasta 2.918,70 € 972,90 € 50% 486,45 € 486,45 €
tramo 4 hasta 3.891,60 € 972,90 € 60% 583,74 € 389,16 €
tramo 5 hasta 75% 0,00 € 0,00 €
tramo 6 cuantía superior cuantía superior 90% 0,00 € 0,00 €
total 3.891,60 € 1.362,06 € 2.529,54 € 3.891,60 €

Más visible, si el embargado es mileurista:

embargados por ejecución hipotecaria.   Sin cargas familiares
salario 1.000,00 € 972,9 1,0278549
tramo % embargable total embargado total cobrado
tramo 1 hasta 972,90 € 972,90 € inembargable 0 972,90 €
tramo 2 hasta 1.945,80 € 27,10 € 30% 8,13 € 18,97 €
tramo 3 hasta 2.918,70 € 50% 0,00 € 0,00 €
tramo 4 hasta 3.891,60 € 60% 0,00 € 0,00 €
tramo 5 hasta 75% 0,00 € 0,00 €
tramo 6 cuantía superior cuantía superior 90% 0,00 € 0,00 €
total 8,13 € 991,87 € 1.000,00 €

Veamos el ejemplo del mileurista, con un familiar sin sueldo:

Se quedaría con el salario íntegro

embargados por ejecución hipotecaria.   Sin cargas familiares
salario 1.000,00 € 1167,48 0,8565457
tramo % embargable total embargado total cobrado
tramo 1 hasta 1.167,48 € 1.167,48 € inembargable 0 1.000,00 €
tramo 2 hasta 2.334,96 € 30% 0,00 € 0,00 €
tramo 3 hasta 3.502,44 € 50% 0,00 € 0,00 €
tramo 4 hasta 4.669,92 € 60% 0,00 € 0,00 €
tramo 5 hasta 75% 0,00 € 0,00 €
tramo 6 cuantía superior cuantía superior 90% 0,00 € 0,00 €
total 0,00 € 1.000,00 €

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación

Artículo 82. Embargo de sueldos, salarios y pensiones.

  1. El embargo de sueldos, salarios y pensiones se efectuará teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

La diligencia de embargo se presentará al pagador. Este quedará obligado a retener las cantidades procedentes en cada caso sobre las sucesivas cuantías satisfechas como sueldo, salario o pensión y a ingresar en el Tesoro el importe detraído hasta el límite de la cantidad adeudada.

 

Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 607 Embargo de sueldos y pensiones

  1. Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional.
  2. Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al salario mínimo interprofesional se embargarán conforme a esta escala:
  • 1.º Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional, el 30 por 100.
  • 2.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo interprofesional, el 50 por 100.
  • 3.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo interprofesional, el 60 por 100.
  • 4.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo interprofesional, el 75 por 100.
  • 5.º Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90 por 100.
  1. Si el ejecutado es beneficiario de más de una percepción, se acumularán todas ellas para deducir una sola vez la parte inembargable. Igualmente serán acumulables los salarios, sueldos y pensiones, retribuciones o equivalentes de los cónyuges cuando el régimen económico que les rija no sea el de separación de bienes y rentas de toda clase, circunstancia que habrán de acreditar al Secretario judicial.
  2. En atención a las cargas familiares del ejecutado, el Secretario judicial podrá aplicar una rebaja de entre un 10 a un 15 por ciento en los porcentajes establecidos en los números 1.º, 2..º, 3.º y 4.º del apartado 2 del presente artículo.
  3. Si los salarios, sueldos, pensiones o retribuciones estuvieron gravados con descuentos permanentes o transitorios de carácter público, en razón de la legislación fiscal, tributaria o de Seguridad Social, la cantidad líquida que percibiera el ejecutado, deducidos éstos, será la que sirva de tipo para regular el embargo.
  4. Los anteriores apartados de este artículo serán de aplicación a los ingresos procedentes de actividades profesionales y mercantiles autónomas.

Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa

Artículo 1 Inembargabilidad de ingresos mínimos familiares

En el caso de que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Hipotecaria, el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado, en la ejecución forzosa posterior basada en la misma deuda, la cantidad inembargable establecida en el artículo 607.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se incrementará en un 50 por ciento y además en otro 30 por ciento del salario mínimo interprofesional por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios regulares, salario o pensión superiores al salario mínimo interprofesional. A estos efectos, se entiende por núcleo familiar, el cónyuge o pareja de hecho, los ascendientes y descendientes de primer grado que convivan con el ejecutado.

Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al salario mínimo interprofesional y, en su caso, a las cuantías que resulten de aplicar la regla para la protección del núcleo familiar prevista en el apartado anterior, se embargarán conforme a la escala prevista en el artículo 607.2 de la misma ley.